YPFB paga casi todo mientras las transnacionales se quedan con menos del 50% del negocio de hidrocarburos, gracias a permisos que les permiten explotar las reservas durante 30 años. Este modelo neoliberal de «nacionalización» se basa en contratos firmados bajo una ley de hidrocarburos de 1996 que ha permitido a las empresas actuar de forma depredadora, al clasificar campos descubiertos como de riesgo compartido.
Los políticos que apoyaron este sistema reconocen ahora que fue un fraude que implicó la pérdida de la propiedad de los recursos naturales. Este contexto debería haber llevado a un cambio radical en la gestión estatal, dado que estas prácticas han violado la Constitución boliviana.
