Amnistía Internacional:

El martes, cuando la Corte de Constitucionalidad de Guatemala anuló la sentencia de ochenta años de cárcel que otra corte acababa de imponerle al exdictador Efraín Ríos Montt por las masacres de Quiché –1.771 personas de la etnia maya ixil fueron asesinadas bajo sus órdenes entre 1982 y 1983–, las reacciones de los dolientes no se hicieron esperar. “Los poderosos hacen lo que quieren y a nosotros, los indígenas y los pobres, nos desvaloran; no nos dan justicia”, dijo indignada Ana Caba, una de las sobrevivientes.

Y, a juzgar por los sucesos reportados en el más reciente informe de Amnistía Internacional (AI) sobre la situación de los derechos humanos en el mundo, cabe pensar que Caba comparte esa sensación de impotencia con los habitantes originarios de otros países de América Latina y el Caribe. Los indígenas guatemaltecos no fueron los únicos en padecer discriminación racial, violencia, juicios injustos y exclusión social, política o económica en el año 2012; eso es algo que tienen en común con los de otros Estados de la región, reporta DW.DE

Pobreza, discriminación y violencia

El reporte de AI –presentado este 22 de mayo en Londres–denuncia que las “comunidades de las Primeras Naciones” siguieron viéndose afligidas por niveles desproporcionadamente altos de pobreza y un acceso restringido a los servicios públicos básicos en Guatemala, México y Paraguay. Ocho manifestantes mayas quichés fueron asesinados en Guatemala cuando protestaban contra el aumento del costo de la electricidad y otros de la etnia ngöbe-buglé perdieron la vida en Panamá cuando manifestaban contra una ley que facilita la construcción de proyectos hidroeléctricos en sus tierras.

Tanto la utilización o expropiación de los territorios ancestrales de estas comunidades por parte del Estado como su venta o arrendamiento a empresas para la explotación de sus recursos naturales tienden a consumarse sin consultar debidamente a sus pobladores. Esta tendencia genera enfrentamientos y quienes suelen salir perdiendo son los indígenas. Esa es una de las grandes preocupaciones de los activistas de AI, dice Guadalupe Marengo, directora para las Américas de esa organización no gubernamental.

“Generalmente, los indígenas son los más perjudicados por los proyectos de desarrollo que prosperan actualmente en la región. Los Gobiernos y las compañías que reciben concesiones para la extracción de materias primas entran a los espacios de estas comunidades sin considerar el veredicto histórico emitido en junio de 2012 por la Corte Interamericana de Derechos Humanos (CIDH): los indígenas deben ser informados previamente sobre esos proyectos y dar su consentimiento sin ser coercionados”, explica Marengo.

Consultas previas, informadas y libres de coerción

En su informe, AI revela las omisiones del Gobierno argentino a la hora de proteger el derecho de los pueblos indígenas a sus tierras y recursos naturales; sobre todo en el caso de la comunidad toba qom. En Brasil, los guaraní-kaiowás sufrieron amenazas de desalojo forzoso en Mato Grosso do Sul y los líderes de otros nueve grupos se vieron expuestos a peligros –actos de intimidación, ataques físicos o asesinatos– por ofrecer resistencia organizada a los proyectos de desarrollo en sus respectivas comarcas.

Pese a las protestas, el Estado brasileño continuó el levantamiento de la represa de Belo Monte, en aras de consolidar su independencia energética, y el boliviano comenzó la construcción de la carretera que atravesará el Territorio Indígena y Parque Nacional Isiboro-Sécure (TIPNIS), con la esperanza de impulsar el comercio y la economía nacionales. No obstante, la ONG de derechos humanos critica el hecho de que las obras en el TIPNIS se hayan iniciado antes de publicar los resultados de la consulta que se le hizo a sus habitantes.

En Chile, a las demandas de los mapuches para recuperar sus tierras siguió haciéndose oídos sordos, mientras la policía reprimía sus manifestaciones haciendo uso excesivo de la fuerza y practicando detenciones arbitrarias. Además, AI alega que los mapuches fueron víctimas de juicios injustos en las cortes chilenas. En suelo colombiano, 84 indígenas murieron y casi 2.000 fueron desplazados por la fuerza en el marco del conflicto armado entre el Gobierno, la guerrilla de las FARC y los grupos paramilitares.

Las Constituciones y la CIDH

Ströbele-Grego: “En 2003, los kichwas de la localidad ecuatoriana de Sarayacu entablaron una demanda y terminaron ganándola en 2012”.

Quienes luchaban en Colombia por la restitución de sus tierras, apoyados en la Ley de Víctimas, fueron amenazados o asesinados; esto inspiró serias dudas sobre la capacidad del Estado para brindarles protección. Por su parte, el Comité de la ONU para la Eliminación de la Discriminación Racial comunicó al Gobierno ecuatoriano su preocupación por la inexistencia de procesos regulados y sistemáticos para consultar a los pueblos indígenas del país andino; con todo y que las consultas en cuestión están contempladas en la Carta Magna ecuatoriana.

“Aunque las Constituciones de Bolivia, Colombia y Ecuador obligan al Estado a incluir a los pueblos indígenas en las discusiones relacionadas con sus patrimonios e intereses, los Gobiernos suelen ‘saltarse’ esos procesos o realizar consultas incompletas”, sostiene Juliana Ströbele-Gregor, catedrática del Instituto de Estudios Latinoamericanos de la Universidad Libre de Berlín, acotando que, en la guerra comercial por las materias primas, la posición de los indígenas como guardianes de los recursos naturales sigue siendo muy débil.

“En los países donde los procesos de consulta previa, informada y libre tienen rango constitucional, las organizaciones indígenas por lo menos tienen la posibilidad de denunciar las violaciones de sus derechos ante la CIDH. Esos procesos pueden durar lustros, porque los Gobiernos tardan –a propósito– en preparar sus defensas; pero, a veces, vale la pena esperar. Los kichwas de la localidad ecuatoriana de Sarayacu entablaron una demanda en 2003 y terminaron ganándola en 2012”, cuenta Ströbele-Gregor.

Procesos largos, pero potencialmente exitosos

“Ahora, el Gobierno ecuatoriano deberá sanear la zona de Sarayacu que fue contaminada durante los preparativos para un proyecto de exploración petrolera e indemnizar a las comunidades perjudicadas”, añade la especialista de la alma máter berlinesa. También los yakye axas de Paraguay celebraron la reivindicación de sus derechos territoriales en 2012, aunque esa parece haber sido la excepción que confirma la regla: la situación de los sawhoyamaxa, los ava guaraní y otros grupos indígenas paraguayos es cualquier cosa menos alentadora.

De ahí que muchos activistas estén haciendo presión en varios países latinoamericanos para que el Estado consulte a los habitantes de territorios indígenas antes de utilizarlos o expropiarlos para su explotación económica. En México se les negó el derecho a voz y voto en esta materia. Y, en Perú, las comunidades achuar, quechua y kichwa podrán pronunciarse sobre los planes estatales para la extracción de petróleo en el norte del país, pese a que el Gobierno fijó límites para los procesos de consulta sin dialogar previamente con los indígenas.

“Es necesario que los países importadores de materias brutas minerales o agroindustriales insten a los Estados exportadores a involucrar a las comunidades indígenas en los planes de desarrollo que los afectan. En los convenios que Alemania y la Unión Europea (UE) han firmado con países latinoamericanos no se le da suficiente peso al tema de los derechos humanos de los pueblos indígenas. Por eso es importante apoyar a las organizaciones indígenas y campesinas, informando al mundo sobre la violación de sus derechos a la debida consulta y sobre sus nocivas secuelas”, cierra Ströbele-Gregor.