La creciente demanda de energía y los altos precios del crudo han llevado a Colombia a subdividir su geografía en bloques petroleros, entregados a transnacionales a través de «rondas». Aunque se presentan como oportunidades para el desarrollo, estos proyectos ignoran los graves riesgos ambientales y sociales asociados con la extracción de petróleo, una de las actividades más contaminantes.
Tras un siglo de explotación, el país enfrenta una significativa deuda ecológica y social, mientras las ganancias de las empresas petroleras no compensan el daño causado. La situación, lejos de mejorar, tiende a empeorar.
