Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública que en agosto pasado, recibió el rechazo del propio Defensor del Pueblo, Rolando Villena, quien lo calificó de violatorio a la Constitución Política del Estado, la Ley de Imprenta, varios instrumentos internacionales sobre derechos humanos, además de la Ley que respalda la propia Defensoría, y también de la libertad de expresión, información y prensa, por cuanto los artículos 42 y 43 del proyecto contradicen a “la normativa que se excedería los límites previstos en los instrumentos
internacionales sobre esta materia” y específicamente que los incisos b y j del artículo 42 del proyecto conducen a que temas referidos a recursos naturales y estudios de impacto ambiental
queden al margen del acceso a la información. En otras palabras, estos temas –recursos naturales y EIA- se convierten en secretos de estado.
La próxima víctima, la información (Petropress 32, 12.13)
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