La consecución de los objetivos del Decreto Supremo 28701 es crucial para el futuro de Bolivia, ya que determinará si la nacionalización de los recursos naturales, especialmente los hidrocarburos, se profundiza o se frustra.
Este decreto representa un punto de inflexión, pero su enfoque de «negociación suave» con las transnacionales puede ser problemático, ya que intenta conciliar intereses opuestos. La lucha por la nacionalización ha sido un motor político y social en el país, convirtiéndose en un eje central de los movimientos sociales y del proceso electoral de 2005.
Aunque el decreto se presenta como una «nacionalización inteligente», ha sido criticado por no reflejar el sentido histórico de la expropiación total, cambiando sin embargo el escenario político y la dinámica de la lucha por el control de los recursos naturales.
