Las actividades de las petroleras en Bolivia son ilegales. Sus contratos no cuentan con la autorización y aprobación del Congreso Nacional exigida por el artículo 59 atribución quinta de la Constitución Política del Estado.Las actividades de las petroleras en Bolivia son ilegales. Sus contratos no cuentan con la autorización y aprobación del Congreso Nacional exigida por el artículo 59 atribución quinta de la Constitución Política del Estado.
A pesar de que se forzó un plazo de 180 días, las empresas tampoco se «adecuaron» a las nuevas modalidades contractuales que establece la nueva Ley de Hidrocarburos 3058.
Sin embargo, la base de la viabilidad de la nacionalización no es jurídica, técnica o económica sino esencialmente política…

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