Las fronteras extractivas en Colombia, que abarcan sectores agropecuarios, forestales, minería e hidrocarburos, están en constante expansión, impulsadas por la privatización de la tierra. Este proceso agresivo ha generado conflictos, amenazando ecosistemas frágiles como la Amazonía, territorios indígenas y áreas protegidas.
El gobierno, a través del viceministro de Desarrollo Rural y el vicepresidente, ha respaldado la ampliación de la frontera agrícola hasta 5 millones de hectáreas, justificándola como una medida para mejorar la producción de alimentos. Sin embargo, la superficie cultivada ya ha crecido significativamente en las últimas dos décadas, planteando serias preocupaciones sobre el impacto ambiental.
