El gobierno boliviano aún no ha logrado definir un acuerdo con las empresas privatizadas para alcanzar el 51% de las acciones, lo que significa que la nacionalización sigue pendiente.
Este proceso es intrínsecamente complejo y se complica por la falta de transparencia en la gestión del Poder Ejecutivo, especialmente en relación con las subvenciones otorgadas a las transnacionales para estabilizar los precios de los derivados petroleros en el mercado interno. Según la Real Academia Española, nacionalizar implica que bienes o servicios, antes en manos extranjeras, pasen a ser gestionados por el Estado nacional.
