Vladimir Díaz Cuellar

Investigador del CEDIB

El actual Gobierno ha probado no tener límites para sus propias mentiras y acaba de entrar en una campaña de difamación contra los trabajadores de su propia empresa, a la que nunca le prestó apoyo.

Lo primero que hay que recordar es que la nacionalización del centro minero de Huanuni (31 de octubre de 2006) fue una medida forzada por las circunstancias y no una decisión planificada por el Gobierno. Sólo el trágico enfrentamiento entre los trabajadores de la empresa y los cooperativistas mineros que operaban en el cerro (con 16 muertos de por medio) hizo que el Gobierno se decida por la estatización, ya que antes no había mostrado en ningún momento su intención de tomar el control del yacimiento. Al contrario, una parte del Gobierno se encontraba directamente comprometida con los intereses de las cooperativas mineras que se oponían a la estatización: el primer Ministro de Minería del Gobierno del MAS, el Sr. Walter Villarroel, no sólo había sido la cabeza de la Federación Nacional de Cooperativas Mineras (FENCOMIN), sino que era socio de una de las cooperativas involucradas en el conflicto.

El Gobierno jamás le prestó el mínimo apoyo económico a su propia empresa. El propio DS 28901, con que se revierte todo el yacimiento, estableció que fuese la escuálida COMIBOL, heredada del neoliberalismo, la que aporte los fondos de arranque que apenas alcanzaban a US$ 9,7 millones. En los años siguientes, entre 2007 y 2012, el Tesoro General de la Nación no aportó con un solo centavo a la COMIBOL, o lo que es lo mismo, no invirtió nada en Huanuni, dependiente de aquella. COMIBOL y su única operación minera, Huanuni, se financiaron todos estos años con sus propios ingresos (“recursos específicos”) producto de la venta de su producción. Así, como dijo que el propio Ministro de Minería, Sr. Virreira, la política del Gobierno es que “cada empresa se autosostiene” (entrevista en Radio Erbol, 13-05-2013).

Fuente: Elaboración propia en base a datos del SIGMA, Presupuesto General del Estado, años 2006-2012. Los datos corresponden a los presupuestos aprobados y no incluyen sus modificaciones, cuyos datos no son públicos.

Pese a esto, todos estos años el Gobierno se ufanó por los positivos resultados económicos (impuestos y regalías pagadas y utilidades) que generó Huanuni. No invirtió nada pero mordió una tajada de la única operación minera real que tiene COMIBOL para financiar algunos de sus programas como el Bono Juancito Pinto que, desde algunos años, es pagado con recursos de COMIBOL, mediante Huanuni.

Fuente: Sindicato Minero de Huanuni (http://www.bolpress.com/art.php?Cod=2013051503).

Los buenos resultados económicos de Huanuni son resultado de los excelentes niveles que el precio del estaño ha tenido desde hace unos años en los mercados internacionales y, sin duda, del esfuerzo de los trabajadores de la empresa. La nacionalización tuvo la suerte de haberse producido en medio del gran ciclo de excelentes precios de materias primas iniciado el año 2004, ya que tuvo, en los últimos años, precios superiores a los US$ 10/libra fina de estaño, siendo que el promedio entre 1986 y 2003 alcanzó apenas a US$ 2,6/lb. Pero en vez de aprovechar esta situación, invirtiendo para mejorar y racionalizar la explotación minera en Huanuni, el Gobierno no hizo más que comer los frutos de la coyuntura. En términos generales, la explotación y las condiciones de trabajo en Huanuni no han cambiado desde la nacionalización y los proyectos que avanzan lentamente (el nuevo ingenio) están siendo impulsados por los propios trabajadores. Más aún, este Gobierno que tanto se ufana de estar avanzando a la industrialización de nuestras materias primas, en ningún momento se propuso avanzar hacia la industria de la soldadura aprovechando que el país funde en Vinto el estaño producido en Huanuni.

Si se sostiene Huanuni, pese a este desamparo estatal, lo hace en virtud del esfuerzo de sus trabajadores. Fueron éstos y el pueblo orureño los que lucharon el 2002 para la intervención de la empresa cuando se produjo la quiebra de la transnacional inglesa que la había privatizado; así como fueron los propios trabajadores de Huanuni los que resistieron durante 15 años (hasta el año 2000) la entrega a manos extranjeras de esta mina del Estado. Y son éstos los que diariamente se sacrifican, con sus vidas incluso, en las entrañas del Posokoni. Como el Estado no invirtió en su propia empresa como debía, se entiende fácilmente porqué se tienen los alarmantes datos sobre accidentes y muertes que se han tenido estos años en Huanuni y que han sido denunciados por el Sindicato de trabajadores (mediante Radio Nacional de Huanuni): los 7.472 accidentes laborales (2009-2012) y las 48 muertes de trabajadores (desde 2008) son consecuencia de esta política negligente del Gobierno.

El Gobierno está repitiendo escrupulosamente lo que hicieron sus predecesores neoliberales que, no apoyando económicamente a la empresa estatal precipitaron su entrega al capital privado y extranjero. Y hasta repiten el mismo discurso: hablan de millonarias pérdidas por lo días no trabajados y echan la culpa de esto a los trabajadores que comen polvo diariamente en la mina.

Sin embargo, apenas se está visibilizando los rasgos del inmenso riesgo que corre el reducido sector minero estatal y la minería nacional en general. El verdadero peligro es la caída generalizada de los precios internacionales que han hecho vivir en una burbuja a la economía nacional. Cuando caiga el precio del estaño más debajo de los US$ 8 o 9 que cuesta producir una libra de estaño en Huanuni ¿quién salvará a la empresa estatal y a sus 4.500 trabajadores? El Gobierno seguramente no, como el Ministro Virreira afirmó. Estamos a puertas de una crisis social de gran magnitud que abarcará no sólo a los trabajadores estatales sino a los miles de trabajadores de las cooperativas mineras.

La lucha de los trabajadores mineros y de los trabajadores en general es una lucha justa. Si de lo que se trata es hacer números para darles una jubilación digna a los obreros del país, no se mire cómo distribuir los propios aportes que hacen estos durante su vida, sino las ganancias de las empresas. Más aún, si éste es un Gobierno verdaderamente popular, antes que estar mirando si unos cuantos trabajadores tienen altos salarios ¿por qué primero no voltea la vista a los millonarios ingresos de las empresas extranjeras que operan en el país? ¿Por qué no se nacionalizan realmente las empresas transnacionales que controlan los sectores estratégicos del país, esto es, Petrobras y la japonesa Minera San Cristóbal (MSC)? MSC, la verdadera señora de la minería del país, exportó entre 2010 y 2012 US$ 541 millones como utilidades netas a su casa matriz Sumitomo. O ¿por qué no se controla realmente el gigantesco negocio legal e ilegal del oro en la Amazonía del país, parte del cual está en manos de las cooperativas mineras aliadas del Gobierno? Ahí está el verdadero desangre económico que vive el país.