Las élites regionales han buscado apropiarse de los ingresos del Impuesto Directo a los Hidrocarburos (IDH) desde su aprobación, con el objetivo de fortalecer las prefecturas como plataformas autonómicas. No están dispuestas a ceder recursos para nada que no sea reforzar el centralismo departamental.
La disputa entre prefectos autonomistas no se trata de una supuesta confiscación, sino de quién recibe qué y cuánto de los escasos ingresos nacionales. Tras la aprobación de la nueva Ley de Hidrocarburos 3058, se vio cómo prefecturas, municipios y universidades se lanzaron ávidas por obtener «lo que les correspondía», dejando de lado prioridades nacionales como fortalecer YPFB o impulsar el desarrollo agrícola.
Dos años después de la redistribución de ingresos, se ha desencadenado un «obrismo» descontrolado en las prefecturas y municipios, junto con una intensa carrera proselitista por parte de autoridades locales opositoras al gobierno.
