Es recurrente la judicialización a defensores ambientales. Se ha hecho común por parte del Estado, YPFB y otras empresas acusar, procesar
y penalizar a dirigentes de comunidades que se organizan para exigir el respeto sus derechos humanos y ambientales.
Como narran las personas víctimas de esta situación, el extractivismo hidrocarbúrifero los ha puesto a ellos  al filo de las cárceles del país, donde el pecado es defender sus derechos  y buscar la manera de parar con esta actividad que daña su hábitat, ahuyentan sus animales, impacta contra la flora y la fauna, además contamina y acaba con los recursos hídricos.