La reciente carrera exploratoria en Bolivia, impulsada por el Decreto Supremo No. 2549, resulta económicamente irracional ante la caída de precios de los hidrocarburos. Este decreto amplía la frontera petrolera hacia la Amazonía, amenazando derechos humanos y áreas protegidas.
En solo siete años, las áreas petroleras han crecido de 11 a 99, abarcando más de 31 millones de hectáreas, lo que representa un grave riesgo para territorios indígenas y el medio ambiente.
