El «gasolinazo» de diciembre de 2010 evidenció que la soberanía energética en Bolivia sigue sin resolverse, favoreciendo a las transnacionales. A pesar de los discursos oficiales, estas empresas continúan dominando el sector.
En el pasado, YPFB estableció políticas de precios que beneficiaban al pueblo, pero el neoliberalismo ha alterado esta dinámica, llevando a un aumento en los precios de los combustibles. La recuperación de la soberanía requiere una entidad estatal fuerte que defina políticas acordes a las necesidades nacionales.
