El gobierno boliviano afirma que su política de bonos ha sacado a 1 millón de personas de la pobreza, pero el 45% de la población aún vive en condiciones de pobreza y el 20.9% en pobreza extrema, con ingresos diarios de apenas 2 dólares.

Las políticas extractivistas priorizan la expansión del sector hidrocarburos, lo que compromete derechos y el medioambiente, generando conflictos entre empresas y comunidades. La represión estatal a grupos indígenas, como en Chaparina y Takovo Mora, es alarmante y refleja un patrón de control sobre la sociedad civil.

Además, el vicepresidente García Linera equipara la defensa ambiental con colonialismo, cerrando el debate sobre alternativas al extractivismo. Bolivia enfrenta una transformación territorial que va en contra de su Constitución, convirtiéndose en «territorio de sacrificio». Es urgente que la sociedad civil actúe y proponga soluciones sostenibles.