Econoticiasbolivia 09-07-0.
Salen a luz las millonarias y secretas concesaiones otorgadas por el gobierno indígena de Bolivia al consorcio Enron–Ashmore–Shell, que sin invertir ni un centavo, se apoderó de la red de ductos de Bolivia y lucró con ella por 12 años.
La Paz.– Cada vez que abre la boca el ex presidente de la estatal boliviana de transporte petrolero, Gildo Angulo, crece el escándalo por la forma en la que el gobierno de Evo Morales «nacionalizó» esta empresa, que por más de una década fue controlada y saqueada por el consorcio transnacional Enron–Ashmore–Shell.
Hasta ahora, según la última denuncia de Angulo, presentada a media semana al Senado de la República y no desmentida por las autoridades, el Estado boliviano habría desembolsado y pagado sin justificación valedera casi mil millones de dólares a estas petroleras que, sin invertir ni un centavo, se habían apoderado en la década de los 90 de toda la red de ductos de comercialización interna y exportación de hidrocarburos, en lo que constituye el mayor fraude transnacional realizado en Bolivia en los tiempos del neoliberalismo.
La primera vez que Angulo, ––un ex militar que sirvió con igual lealtad a los gobiernos neoliberales del pasado y al actual de Evo Morales––, abrió la boca a mediados de junio, provocó un terremoto, que precipitó su expulsión de la dirección de Transredes, empresa que había sido «nacionalizada» con pompa y sonaja en octubre del 2008 por el gobierno indigenista de Morales.
Acuerdos secretos
En junio del 2009, Angulo, en medio de una dura disputa con otros directivos de la estatal petrolera, denunció que altos funcionarios del gobierno, posiblemente a espaldas del Presidente Morales, habían otorgado en secreto millonarias e indebidas concesiones a las petroleras Enron–Ashmore–Shell.
Hasta esa fecha, oficialmente sólo se conocía que el consorcio Enron–Ashmore–Shell había recibido en efectivo 241 millones de dólares por la compra–venta forzosa de las acciones que poseían en Transredes, según establecía el decreto 29586 firmado por Morales.
Este mismo Decreto instruía a las autoridades bolivianas que, antes de pagar ese monto a las petroleras, se deduzcan los pasivos (deudas, tributos y otras obligaciones pendientes).
Pero ello no ocurrió. El Decreto 29586 se tiró al canasto y se reemplazó con otro Decreto presidencial, que obligaba al Estado a pagar sin descuentos los 241 millones a las petroleras, cargando a las arcas fiscales, además, todas sus obligaciones y deudas, lo que se mantuvo en estricta reserva hasta que Angulo abrió la boca.
Así, por medio de la denuncia, se conoció públicamente que el Estado boliviano se había hecho cargo de una deuda de 286 millones de dólares que el consorcio petrolero tenía con el Banco Interamericano de Desarrollo y con la Corporación Andina de Fomento y que también estaba asumiendo el pago de otros 34 millones de dólares que la transnacional adeudaba por tributos e impuestos, así como los gastos demandados para remediar el daño ambiental de cerca de 100 millones de dólares provocado por un gran derrame de petróleo en el 2000.
De patriotas y traidores
Tras la denuncia, Angulo fue destituido del cargo el 16 de junio y acusado por las autoridades gubernamentales de servir a los grupos neoliberales que conspiraban contra Morales. Curiosamente, un mes antes, en un encuentro con los periodistas, el propio Morales había destacado la labor de Angulo al que calificó como «militar patriota», señalando que «servía a la Patria, pese a su edad».
Pese a ello, las autoridades confirmaron que efectivamente se habían hecho esas concesiones a las petroleras para evitar un posible juicio y arbitraje internacional, según declaró el presidente Yacimientos Petrolíferos Fiscales Bolivianos (YPFB), la empresa matriz estatal, Carlos Villegas.
Hasta esa fecha, la aritmética petrolera del gobierno boliviano mostraba que se había «nacionalizado» (compra forzosa de acciones) pagando en efectivo 241 millones de dólares y asumiendo deudas por más de 400 millones de dólares, beneficiando a la Enron–Ashmore–Shell que, sin invertir ni un centavo, tomaron la red de ductos de Bolivia y lucraron impunemente con ella por 12 años.
De mal en peor
El negocio en contra de los intereses de Bolivia parecía escandaloso, hasta que Angulo abrió otra vez la boca, esta vez en el Senado controlado por las fuerzas opositoras de derecha, y denunció otras y más gravosas concesiones otorgadas a las petroleras, a las que se habría pagado incluso por las ganancias que no habían recibido en periodos anteriores.
Así, el Estado boliviano también se habría hecho cargo de pagar otros 155 millones de dólares que las petroleras habían emitido como «bonos» para pagarse dividendos en el periodo 1997–2001 y también habría pagado otros 207 millones de dólares para cubrir los dividendos que la transnacional había programado repartirse en el periodo 2006–2008 y que por falta de efectivo no lo había hecho. Otro pago adicional de 60 millones de dólares se deriva del «incumplimiento de compromiso de inversiones».
En total, el Estado boliviano habría pagado indebidamente casi mil millones de dólares por la empresa transportadora de Transredes, un monto que equivale a casi la mitad de la deuda externa del país y que representa casi la totalidad de la inversión pública que se realiza anualmente en Bolivia, un país que pese a sus inmensas riquezas naturales tiene un tercio de su población pasando hambre y otro tercio con apenas lo suficiente para comer y nada más.
Empresa sin recursos
Hoy, la estatal transportadora de hidrocarburos está virtualmente exprimida. Casi todas las ganancias se destinan al pago de las obligaciones de las petroleras extranjeras y ya no hay dinero para nuevas inversiones de 1.000 millones de dólares que se precisan con urgencia, dice Cyro Camacho, el sucesor de Angulo.
El funcionario aseguró que la empresa no cuenta con esos recursos para ampliar ductos y expandir la comercialización de carburantes por lo que se verá obligada a recurrir al crédito externo, acrecentando la deuda que tiene con entidades como el Banco Interamericano de Desarrollo (BID) y la Corporación Andina de Fomento (CAF).
Una historia de piratas
La historia reciente de los fraudes y latrocinios del consorcio Enron–Ashmore–Shell arrancó en Bolivia en la década de los 90, en pleno apogeo del neoliberalismo, cuando las riquezas naturales del país altiplánico eran entregadas sin pudor ni vergüenza a las transnacionales que eran símbolo de la corrupción empresarial a nivel mundial. El 8 de diciembre de 1994, el primer vicepresidente indígena de Bolivia, el aymara Víctor Hugo Cárdenas, firmaba el Decreto Supremo 23908 que avalaba y convertía en ley un contrato entre el gobierno neoliberal y la Enron que sería rubricado un día después en Miami entre el presidente de Bolivia, Gonzalo Sánchez de Lozada y los directivos de la petrolera. El Decreto y el contrato eran ilegales e inconstitucionales, ya que no fueron refrendados por el Congreso boliviano, pero igual entraron en vigencia porque permitía que la Enron, a cambio de «asesoramiento» y sin poner ni un centavo, tome el control del gasoducto entre Bolivia y Brasil.
Ya en Bolivia, la Enron, junto a la Shell, a fines de 1996 se apoderó, otra vez sin invertir ni un centavo, de toda la red de más de 6.000 kilómetros de ductos de petróleo y de gas que atraviesan siete de los nueve departamentos de Bolivia, logrando el monopolio de la distribución interna y de exportación de hidrocarburos. Para ello bastó que la Enron y la Shell prometieran a los gobernantes neoliberales, con los que se habían asociado en Miami, invertir en el desarrollo de ductos algo más de 200 millones de dólares.
Lucrando desde entonces con la red de gasoductos bolivianos y obteniendo millonarios créditos del Banco Interamericano de Desarrollo y de la Corporación Andina de Fomento, el consorcio sacó las correas del mismo cuero y cumplió con sus inversiones, apresurándose a repartir millonarias utilidades entre sus accionistas y dejando en el piadoso olvido el pago de estas deudas financieras y los impuestos y tributos para el Estado. El consorcio llegó al extremo de endeudarse y emitir bonos a fin de recaudar dinero que era repartido como utilidades entre sus accionistas.
Años después, en el 2006, y en plena bancarrota a nivel mundial, la Enron transfirió sus acciones a la británica Ashmore, compartiendo la mitad de las acciones con la Shell. Esta acción le permitió, además, diluir la acción de los sectores sociales que desde el levantamiento popular del 2003, que derrocó a los neoliberales que habían firmado los leoninos contratos con las petroleras en Miami, habían identificado a la Enron como el símbolo del latrocinio neoliberal, por lo que buscaban enjuiciarla, hacerla pagar por los daños cometidos en Bolivia y luego echarla del país.
A principios de la década, el ex delegado presidencial Juan Carlos Virreira cuantificó en 120 millones de dólares el daño inferido por la Enron al Estado boliviano, a lo que se sumaron otras denuncias por contrabando de hidrocarburos, evasión de tributos, falta de inversiones y conspiración política para derrocar a Morales. Pese a ello, el juicio contra la Enron, iniciado por Virreira, fue dejado de lado por los gobiernos de la época, incluido el actual, al igual que las demandas de expropiación y nacionalización de las petroleras sin pagarles ninguna indemnización.
Por el contrario, el gobierno de Morales procedió a legalizar y renegociar la mayor parte de los ilegales contratos petroleros, procediendo en otros casos, como fue con Transredes (Enron–Ashmore–Shell), a la compra forzada de acciones, pagando millonarias sumas como indemnización a las compañías petroleras tras intensos procesos de negociaciones, ocultando a la población muchas de las onerosas concesiones otorgadas al poder transnacional. Y esto ocurrió hasta que Angulo abrió la boca.
