La minería en Bolivia ha sido históricamente una actividad extractiva orientada a mercados externos, lo que ha limitado su industrialización. La situación se agravó tras la caída del sector estatal en 1985 con el Decreto Supremo 21060.
La dependencia de los precios internacionales de los minerales ha generado un sector inestable, alternando entre recesiones que provocan cierres de minas y desempleo, y fases de auge, como entre 2001 y 2007, caracterizadas por mayores inversiones y el crecimiento de la pequeña minería.
Sin embargo, la falta de políticas públicas ha impedido que el Estado capitalice estas oportunidades. A pesar de los periodos de auge, la renta minera no se ha utilizado adecuadamente para consumo o inversión productiva.
No hay políticas efectivas de redistribución en sectores industriales y sociales, lo que resulta en una constante fuga de capitales, ya que las ganancias del sector minero se exportan en lugar de reinvertirse en el país.
