El gobierno boliviano lanzó un decreto impactante dirigido a cooperativas, buscando revertir las áreas de aquellas que habían celebrado contratos con el sector privado para acceder a recursos mineros del Estado, una práctica prohibida. Según el gobierno, hay 31 contratos en cuestión; sin embargo, una revisión muestra que 4 tienen datos incompletos, 5 ya no están vigentes y los restantes son en su mayoría de poca importancia.

Entre los contratos, se encuentra la Sociedad RuiHua, que no está registrada oficialmente, y Jacha Uru S.A., que aparece como boliviana pero en la prensa china es identificada como «Ha Bridge Company». Además, hay varias «sucursales» de empresas matrices de dudosa existencia, como ASC Bolivia y Mining Development Company, cuyos registros son problemáticos.

Este panorama plantea serias dudas sobre la transparencia y la efectividad de las acciones del gobierno en la regulación del sector minero.