Detrás de los incendios en una iniciativa de CEDIB para profundizar el análisis de los extractivismos que se han desarrollado en las últimas décadas en la región de la Chiquitanía. Para ello empezaremos analizando la explotación de madera y la deforestación en la zona.
Una de las principales actividades en la Chiquitanía es la extracción de madera. En la mayoría de los municipios de la zona existen procesos de extracción maderera, entre los que destacan Urubichá, San Ignacio de Velasco, Concepción y Ascensión de Guarayos.
El total de madera extraída en el periodo 2006 a 2016 asciende a 10.598.916 metros cúbicos/rola, representando al 48,7% de la madera extraída a nivel nacional en el mismo rango de tiempo.
La actividad forestal es intensa en el departamento de Santa Cruz, que se suma a la presión que supone la agroindustria, la minería y los hidrocarburos. La extracción de madera en los municipios chiquitanos representa casi todo el volumen del departamento de Santa Cruz. Sirva como ejemplo el año 2016, en el que la Chiquitanía aportó con el 95.8% de la producción departamental.
Las principales maderas extraídas en el mismo periodo, en el departamento de Santa Cruz fueron el Ochoo, Tajibo, Curupau y Bibosi entre otras. Es importante destacar que más del 50% del volumen de madera extraída en el departamento y correspondiente al mismo periodo, fue realizado el año 2016. No es casual que estos picos se den en el año 2016, año en que se realizó la Cumbre “Sembrando Bolivia”, donde fueron definidas las principales políticas de ampliación de la frontera agrícola.
El desmonte y la deforestación en la Chiquitanía
El avance de la actividad forestal representa una de las amenazas a la estabilidad de la Chiquitanía como ecorregión en Bolivia. Entre los años 2006 y 2016 se han desmontado 403.090 hectáreas, sin tomar en cuenta las superficies desmontadas ilegalmente. Los principales municipios afectados son San Ignacio de Velasco y San José de Chiquitos, que juntos representan casi el 60% de la superficie desmontada en ese periodo, y más del 50% de toda la Chiquitanía el 2016.
La superficie desmontada se incrementa entre los años 2013 y 2016, periodo en el que se evidencia un mayor registro de autorizaciones de áreas de desmonte en la Chiquitania. Entre 2006 y 2016, la Chiquitanía representó el 56.7% del total de la superficie desmontada en el departamento de Santa Cruz.
Santa Cruz y la Chiquitanía han sufrido intensos procesos de deforestación, tanto por autorizaciones de desmonte para manejo forestal legal, como por la tala ilegal. Este departamento registró una tasa de deforestación acumulada, entre el 2011 y el 2017, de 5.592.842 ha, representando el 80% del país (ABT, 2018). El mapa muestra la deforestación en la Chiquitanía entre el año 2011 y 2016. Y se complementa con una tabla que refiere los municipios Chiquitanos con mayores tasas de deforestación en el año 2016, donde se evidencia un elevado nivel de deforestación ilegal. Es destacable el caso del municipio de El Puente, donde, en el referido año, registra el 98% de la deforestación (ABT, 2018).
Es importante destacar que en el año 2016 se desarrolla la Cumbre Sembrando Bolivia, en la que se acordó la generación de políticas que favorecieron a la deforestación. Una de estas políticas se materializó en el incremento de superficies de desmonte de 5 a 20 hectáreas en propiedades pequeñas y comunales, pero se evidencia aumento de desmonte en grandes propiedades.
Las tierras forestales en la Chiquitanía
Los municipios de la Chiquitanía tienen vocación forestal y, por ello, una importante parte de su superficie se enfoca a esta actividad. Destacan los municipios de Concepción y San Ignacio de Velasco por la extensión en cuanto a tierras de producción forestal permanente.
Pese a esta condición, es importante saber que la mayor parte de la tierra en la Chiquitania está destinada a la actividad ganadera, conteniendo una mayor proporción de pastos naturales en relación a los pastos cultivados. El censo agropecuario de 2013 determinó que en los municipios chiquitanos existen alrededor de 1.655.534 cabezas de ganado bovino.
En lo que respecta al suelo con aptitud forestal, se tienen registradas varias concesiones forestales que están vinculadas a esta cualidad, además de otros elementos en torno al aprovechamiento de estos recursos. Las concesiones forestales se denominan Autorizaciones Transitorias Especiales. Para 2016 la mancomunidad de municipios chiquitanos tenía 42 ATEs, de las cuales, en ese periodo, 27 estaban vigentes y las restantes en caducidad o renuncia.
Conclusiones
La extracción de madera en la Chiquitanía es una de las actividades económicas más prominentes de la zona. Las condiciones que presenta el bosque chiquitano y la región deriva en la riqueza en tipos y cantidad de madera hacen apetecible este recurso para quienes cuentan con las condiciones de aprovechar legalmente -e ilegalmente- este recurso. La extracción forestal es una de las actividades intensivas que se realizan, junto con otras, como la minería o la ganadería.
Si bien la madera es un recurso renovable, los tiempos y regulaciones para poder asumir una sostenibilidad de la actividad forestal, dejan muchas dudas al respecto. Nuestro país no cuenta con las condiciones institucionales y con la voluntad política para incentivar el desarrollo de una actividad cíclica y amigable.
Las actuales políticas, que benefician la ampliación de actividades de desmonte y que propician la internalización de ilegalidades (perdonazos), entre otras, ponen en riesgo una gran variedad de ecosistemas, siendo la Chiquitanía la principal víctima de la aplicación de estas medidas. Muchas de estas políticas surgieron de la cumbre “Sembrando Bolivia” en 2016, donde los principales sectores del agro en sociedad con el Estado, provocaron el descontrol que ha llevado a los eventos trágicos de 2019 y su continuidad en 2020.
