Los incendios de 2019 marcaron fuertemente la agenda política y ambiental. La magnitud de los mismos fue considerada como una tragedia   ecológica a nivel nacional e internacional. Los focos de calor afectaron a tres de las principales ecoregiones del país: pantanal, cerrado chaqueño y chiquitania. Esta última representa a un conjunto de características físicas, biológicas, de fauna, flora y ambientales que no existen en otro lugar del planeta. Su carácter transicional entre bosque húmedo amazónico y seco chaqueño lo hacen bastante especial, además de ser el más grande y mejor conservado de Sudamérica.

Hasta el día de hoy no se conoce el impacto total producido por los incendios, no se conoce el daño a ecosistemas, funciones y relaciones entre especies de biota y/o fauna, distribución de especies, abundancia, proyecciones de población endémica, dinámicas, función climática, potencial hidrológico un largo etc. de variables que se hubieran visto afectadas. Esta información nos ayudaría a comprender todo lo que hemos perdido. Y nos ayudaría a plantear las mejores formas de recuperación, conservación y restauración, en sus diferentes escalas.

La orientación que está tomando el gobierno al respecto de la región son una muestra clara del desconocimiento y la falta de voluntad política. Incluyendo los acuerdos con el poderoso sector agroindustrial para “reforestar” la chiquitania, como si solo se tratara de ese proceso, más aun, cuando estaría coordinado con quienes se benefician directa e indirectamente con la práctica de la quema para ampliación de frontera agrícola.

Nuevamente existen focos de calor en el oriente boliviano. Los datos registrados son alarmantes y se tiene clara la complicidad de autoridades y sectores que continúan aprovechando las condiciones normativas y flexibilización en torno a las quemas, a pesar de los eventos de 2019, demostrando que no hemos aprendido nada.

En este contexto, existe el pedido expreso de varias organizaciones y sociedad civil para la abrogación del paquete normativo que impulsa y materializa las quemas, para lo que se debe tomar en cuenta, además, que los acontecimientos no recaen solamente en leyes, decretos y resoluciones, sino que también existe un bagaje logístico, empresarial, administrativo y político que les da sustento, el cual continuaría desplegando actividades sin mayor reparo. La solución no reside solo en revocar las normas, sino que es urgente considerar que el problema es estructural.

El gobierno de transición ha demostrado que tiene la plena intención de profundizar y dar continuidad a la lógica de sobreponer cualquier actividad, en detrimento del medio ambiente. Basta mencionar los decretos sobre transgénicos, incluyendo la inminente introducción de eucaliptus para aprovechamiento forestal, la reanudación de autorizaciones para quemas y desmonte o la materialización del cuestionado PLUS del Beni a través de la vigencia de un nuevo manual para la elaboración de Planes de Ordenamiento Predial.

Los incendios favorecen directa e indirectamente al asentamiento de extractivismos. La transformación radical del entorno, a partir del desmonte, incentiva e impulsa el establecimiento de otras actividades, también, de tipo extractivo, como la minería y el agronegocio. Los incendios han habilitado varias extensiones de tierra para cultivo o crianza de ganado, para la implementación de prácticas intensivas y han modificado el carácter del uso de suelo. También puede generarse la figura inversa, que los extractivismos existentes propician las condiciones para la ampliación y penetración de otras actividades que pueden incrementar la tasa de desmonte.

No sería nada raro encontrar otras iniciativas sectoriales que modifiquen, nuevamente, los patrones normativos y logísticos para establecer criterios de producción extensiva en sitios afectados por los incendios. Más aún en estos tiempos que se tiene un franco incentivo a la producción en base de transgénicos y cuya aprobación estaría en puertas, además de la influencia política del sector agroindustrial sumándose a todo el paquetazo normativo que coadyuva a la generación del desastre.