La vida de los defensores de derechos humanos en Bolivia está en riesgo. No existe una verdadera libertad de derechos en el país.

El Estado, si bien tiene la obligación de protegerlos, es cómplice de quienes los amenazan. Perseguidos, amenazados y judicializados por empresas extractivas y organizaciones estatales, la falta de justicia y de institucionalidad ha llevado al país a una crisis que pone en riesgo la seguridad de la población y ejercicio democrático.

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