Las organizaciones abajo firmantes, con motivo de la organización de la “Feria Minera de Toronto, Canadá”
declaramos que:
1. Las presiones ejercidas por empresas mineras, gobiernos nacionales en la mayoría de los países de América
Latina y de aquellos de donde provienen las empresas mineras, generan un fuerte rechazo desde las
comunidades que ven en la expansión territorial de la minería negativos efectos para sus formas de vida, así
como una amenaza a su seguridad ecológica.
Cada nuevo proyecto minero se ve acompañado del rechazo comunitario incrementando así el numero de
conflictos mineros en la región. Este antecedente da cuenta del conocimiento que tienen las comunidades de
la inconveniencia de aceptar la imposición de modelos de desarrollo extractivos en sus territorios.
2.- A pesar de la baja de los precios de minerales en los mercados internacionales, América Latina sigue
concentrando la mayoría de las inversiones mineras. Ello a pesar que los beneficios económicos para los paises
receptores son cada vez menores o incluso deben en muchos casos subsidiar las actividades mineras
extranjeras.
En tiempos de bonanza de los minerales, las sobre-ganancias otorgan a las empresas mineras la capacidad de
acceder a los favores de los actores políticos nacionales, en parte por sus aportes aunque magros, en regalias e
impuestos. En tiempos de crisis de los minerales, la estrategia es bogar por la flexibilización de los estandares
sociales y ambientales y acceder a subsidios estatales mediante exoneración de impuestos y otras obligaciones
que toda actividad económica debe cumplir.
3.- Vemos con gran preocupación como las actividades extractivas mineras llevan consigo una creciente
tendencia a la criminalización de la protesta social con graves atropellos a los DDHH de personas que ejercen
liderazgo en la protección de territorios y derechos de las comunidades afectadas.
El número de perseguidos, enjuiciados, encarcelados o muertos por oponerse a la destrucción minera en
América Latina crece de forma preocupante, asi como también crece la impunidad con la falta de castigo a
quienes son los autores materiales pero principalmente los intelectuales que gozan de completa impunidad.
4.- Paises como Brásil, Colombia y Perú en América del Sur y Guatemala, Honduras, Nicaragua en América
Central, y por otro lado México, se sitúan en los primeros lugares del listado de países más peligrosos para
defensoras y defensores de derechos humanos y ambientales.
Sin embargo en toda la región vemos que de una u otra forma, mediante la criminalización de la protesta
social, se intenta acallar las demandas de las comunidades afectadas por minería que claman por justicia,
respeto, equidad, paz y democracia.
5.- A pesar de las permanentes solicitudes y demandas de las comunidades hacia los países de donde proceden
las empresas transnacionales mineras para que impongan reglas y legislaciones que permitan exigir
responsabilidad a sus empresas por los atropellos a los DDHH y destruccion ambiental fuera de sus fonteras, no
vemos la voluntad política suficiente, perpetuando así la impunidad de graves crimenes cometidos o con
participación de dichas empresas.
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En particular, denunciamos la falta de voluntad del gobierno canadiense, país en donde se domicilia y se
financia la gran mayoría de las empresas mineras, pues sigue protegiendo y promoviendo este modelo de
desarrollo destructivo como enfoque principal de su política exterior. Hace un año, unas 180 organizaciones de
América Latina han escrito al Primer Ministro de Canadá exigiendo cambios fundamentales en esta política.
Aun no se obtiene respuesta.
Han tenido que ser instancias internacionales tales como la CIDH quienes a falta de justicia han debido
intervenir, exigiendo respeto a los derechos de las comunidades, medidas de protección de víctimas, aunque
sin los resultados necesarios que permitan proteger efectivamente a quienes defienden sus derechos.
6.- Denunciamos este tipo de eventos internacionales, como son las ferias mineras, por promover una actividad
extractiva con nefastos resultados para comunidades locales, destruccion de territorios y ecosistemas y
especialmente por no hacerse cargo de la responsabilidad que les cabe en los temas ya mencionados.
7.- Consideramos fundamental realizar una profunda revisión a las políticas extractivistas y sus consecuencias
de modo de dar mayores oportunidades que pongan el buen vivir en el centro de las opciones de vida de las
comunidades latinoamericanas.
8.- Seguiremos trabajando junto a las comunidades afectadas para terminar con la impunidad de las empresas
mineras que violan los derechos humanos y de la naturaleza. Mientras continúen las prácticas de destrucción
para la obtención de minerales, la resistencia será la más contundente respuesta desde los territorios
afectados en América Latina.
Firmado:
Acción Ecológica, Ecuador
Asamblea de los Pueblos del Sur, Ecuador
CEIBA Guatemala
Centro de Investigación sobre Inversión y Comercio (CEICOM), El Salvador
Centro de Documentación e Información Bolivia (CEDIB), Bolivia
Centro Hondureño de Promoción para el Desarrollo Comunitario (CEHPRODEC), Honduras
Colectivo CASA, Bolivia
Colectivo Voces Ecológicas (COVEC), Panama
Cooperacción, Perú
Fundación Ecuménica para el Desarrollo y la Paz (FEDEPAZ), Perú
Observatorio de Conflictos Ambientales de América Latina (OLCA), Chile
Observatorio de Conflictos Mineros de América Latina (OCMAL), Regional
Oficina de Justicia Paz e Integridad de la Creación, Sociedad Misionera de San Columbano, Chile
Pastoral Social del Vicariato Apostólico San Francisco Javier – Jaén, Perú
Red Muqui, Perú
Uruguay Libre de Minería