Desde los años 60, los bosques de Bolivia han sido explotados por poderes estatales y redes de corrupción. La destrucción no se debe a la falta de leyes, sino a problemas institucionales profundamente arraigados. La Autoridad de Fiscalización de Bosques y Tierras (ABT), creada para reemplazar la Superintendencia Forestal, ha repetido errores del pasado al ignorar la necesidad de un sistema institucional sólido. Esto ha llevado a una falta de responsabilidad legal y administrativa, perpetuando la crisis ambiental en el país.
En Bolivia se desmontan 25 mil hectáreas cada mes. Casi mil hectáreas por día. Según informe de la SIF-2007, de 300 mil hectáreas desboscadas cada año en nuestro Territorio nacional, el 75% ocurre en el Departamento de Santa Cruz; el 20% en el Beni y Pando y el 5% en Cochabamba y Tarija.
