Amnistía Internacional ha recibido con preocupación, información sobre los incendios forestales registrados desde el mes de agosto de 2019 en la Chiquitanía. Los incendios constituyen una crisis ambiental y de derechos humanos y el Estado Boliviano tiene la obligación de brindar asistencia con pleno respeto de los derechos humanos a las personas y comunidades afectadas.