En 2024, el balance del monitoreo que el CEDIB realiza sobre los impactos del extractivismo en DDHH concluye que la situación es tan o más crítica que años anteriores.
En un contexto de aguda crisis económica, alza de precios, escasez de carburantes y divisas, la presión por actividades extractivas a los territorios, las áreas protegidas, las fuentes de agua y a las comunidades locales se ha incrementado notablemente.
Los ataques contra defensoras, defensores ambientales y comunidades indígenas han escalado en gravedad y en la mayor responsabilidad del Estado, por acción y omisión. Muestra de ello son los hechos de criminalización en su contra, que se produce en contextos de conflictos socioambientales mineros e hidrocarburiferos.
Este análisis de información concreta, y en alguna medida de fuentes primarias invita a hacer una lectura más crítica y profunda de estas problemáticas, superando miradas superficiales que no ayudan a perfilar soluciones de largo plazo.
