Un saldo devastador se reporta tras la incursión policial y militar en Perú el 5 de junio, con un número indeterminado de muertos, estimado en 40 por organizaciones indígenas, y 20 policías fallecidos. La operación se realizó en la Curva del Diablo, donde unos cinco mil awajún y wampis protestaban contra los decretos de tierras del Congreso peruano.
El coordinador del Movimiento Estudiantil Indígena, Shuar Velásquez Ruiz, denuncia que las autoridades impidieron el acceso de médicos y prensa para ocultar los cadáveres, que supuestamente fueron arrojados al río Marañón. Asimismo, Zebelio Kayap, dirigente amazónico, afirma que los cuerpos estarían siendo quemados y desechados en el caserío de Reposo, Bagua, lo que ha llevado a la Coordinadora Nacional de Derechos Humanos a recibir denuncias similares.
Este trágico episodio subraya la urgente necesidad de visibilizar la situación de los pueblos indígenas en Perú y proteger sus derechos frente a la represión estatal.
