La deforestación en Bolivia ha alcanzado niveles alarmantes, con la pérdida de siete millones de hectáreas y una tasa de trescientas mil hectáreas anuales. Aunque la actividad forestal contribuye solo un 3% al PIB, este cálculo ignora otros servicios ecosistémicos vitales, como la regulación del ciclo hídrico y la absorción de carbono.
Sin una contabilización adecuada de estos recursos, se compromete el desarrollo agrícola y ganadero. La Autoridad Boliviana de Bosques y Tierras enfrenta un presupuesto insuficiente y depende de multas por deforestación, perpetuando un círculo vicioso. Se requiere una política pública que sancione la destrucción y promueva la conservación de los bosques, alineada con la visión de un «vivir bien».
