Entrevista a Christian Ferreyra, del CEDIB (18-01-2009).
«La aprobación de la Constitución permitirá la profundización del proyecto popular»
por Mario Amorós Rebelión
La Constitución que han promovido el Gobierno del Presidente Evo Morales y el Movimiento al Socialismo (MAS) tendrá un amplísimo apoyo popular en el referéndum que se celebrará el domingo 25 de enero, asegura Christian Ferreyra, miembro del Centro de Documentación e Información – Bolivia, de visita en Madrid para asistir a una jornadas sobre el proceso de transformaciones sociales y económicas en su país. Aun con las limitaciones que señala en el proyecto de Carta Magna, Ferreyra afirma: «Es necesario aprobar la Constitución porque significará la derrota del proyecto de la derecha y que el movimiento de base popular vea reflejada en la aprobación de esta Constitución su propia capacidad de intervenir en el poder político y la estructura estatal, algo históricamente negado».
– ¿Cómo analiza el escenario político en su país ante el referéndum del 25 de enero?
– Después del intento del llamado «golpe cívico prefectural», un intento de desestabilización del país, que fracasó por la resistencia movilizada del pueblo y una correlación de fuerzas regional desfavorable, a causa de la alta violencia ejercida por grupos paramilitares -dirigidos por la oligarquía- en contra de la población y el contenido fascista y separatista de su proyecto, la corriente opositora ha perdido su cautiva base social quedando completamente aislada. Esto consolida la hegemonía del MAS en el país. A partir de eso, la Constitución se convierte en el referente de apoyo al proceso político y se espera una votación favorable, que incluso podría llegar a superar el 67% de apoyo que tuvo Evo en el referéndum revocatorio celebrado el pasado 10 de agosto.
– El apoyo de la cumbre de UNASUR de septiembre al Gobierno legítimo de Evo y a la democracia boliviana fue muy relevante…
– Así es, demostró la imposibilidad de una acción de fuerza en el país o en la región. Pero principalmente demostró la reconfiguración de las fuerzas a nivel regional y el quiebre de la hegemonía política estadounidense en Sudamérica, ya que en los hechos los gobiernos de la región respaldaron al gobierno de Morales en contra de un proceso desestabilizador propiciado por el embajador Goldberg.
– En este escenario que usted describe ¿podemos afirmar que la inmensa mayoría de la sociedad boliviana apoya al MAS?
– El MAS es el partido político con mayor respaldo social en la historia de Bolivia. En la historia de Bolivia, los diferentes gobiernos tuvieron que recurrir a establecer pactos entre las diferentes fracciones de la derecha, basados en la distribución de los réditos económicos y políticos del acceso al aparato estatal, acompañados de la fuerza represiva militar. Es decir, el poder en Bolivia siempre tuvo que ejercerse con un predominante grado de represión. Sólo después de la revolución de 1952 se dio un gobierno con verdadero apoyo popular, el del Movimiento Nacionalista Revolucionario (MNR). Ahora el MAS, que surgió a mediados de los años 90 como un instrumento político de los sindicatos de productores de coca, logró penetrar en el resto de la sociedad rural y en los sectores empobrecidos urbanos con un proyecto nacionalista popular, que ha consolidado un respaldo social en todo el país -basado en la hegemonía ideológica y no en la represión- nunca antes obtenido por ninguna otra fuerza política en la historia del país.
– ¿Qué significado tendrá la aprobación de la Constitución?
– En primer lugar, supondrá la concreción de un proyecto surgido desde las organizaciones indígenas y campesinas, históricamente excluidas de la estructura estatal. En segundo lugar, implicará la derrota de los grupos opositores más reaccionarios en su búsqueda de contener este movimiento popular y recuperar el poder político pleno, puesto que la Constitución ha sido el objeto en el que se ha concentrado la lucha entre el sector oligárquico y el sector popular.
En tercer lugar, abrirá una nueva etapa en la que se pondrá en segundo plano la disputa por el poder político entre el Gobierno del MAS y las elites del oriente del país, para pasar ahora al debate sobre el desarrollo concreto de la política gubernamental y las expectativas del movimiento popular. Esto consiste en la concreción del proyecto de Constitución en normas, leyes y políticas de estado que demostrarán en los hechos si la Constitución es un proyecto conservador o progresista y necesariamente plantearan al país la necesidad de la profundización del proceso.
– ¿Cuáles son los aspectos esenciales de la nueva Constitución?
– A mi juicio, considero que podemos mencionar los siguientes aspectos. En primer lugar, sostiene un modelo económico mixto, en el que se mantiene la predominancia del capital privado, se reconocen las formaciones económicas campesinas y se incorpora al Estado como actor de la economía. Respecto a los dos primeros elementos –capital privado y economía campesina-, la Constitución sólo reconoce lo que ha pervivido en el país, desde el siglo XIX. Respecto a la incorporación del Estado como actor en la economía, existe una ruptura respecto al periodo neoliberal, en el que había desaparecido. Cabe mencionar que esto está estipulado en la Constitución vigente –de carácter nacionalista-, que fue omitida por completo cuando en los años 80 y 90 se entregó todo el país al capital extranjero. Pero de lo que se trata hoy es de reafirmar esta necesidad de control del Estado de los sectores estratégicos de la economía, principalmente la extracción de recursos naturales.
En segundo lugar, el punto más progresista de la Constitución es el reconocimiento de la plurinacionalidad del Estado, que se concreta en el reconocimiento del derecho de autodeterminación de las naciones indígenas, con la condición de restituir sus territorios de origen.
En tercer lugar, define la pugna entre el proyecto de autonomía de la oligarquía cruceña y la soberanía y unidad del Estado nacional, al establecer un conjunto de competencias (o capacidades) a cada uno de los niveles autonómicos que determina. Si bien el Gobierno ha realizado una serie de concesiones al proyecto autonómico derechista, que en los hechos debilita parcialmente el poder del Estado central, a la vez ha reservado para el gobierno central el control sobre los temas estratégicos y primordiales como la administración de la industria extractiva, los recursos no renovables, la seguridad interna, las relaciones internacionales y el modelo económico entre otros, disminuyendo en gran medida las pretensiones y el peligro de las ansias separatistas.
En cuarto lugar, es innegable un grave retroceso frente a la concentración de tierras, que va en contra de la fundamental reivindicación campesina e indígena de la redistribución de tierras. El pacto realizado entre un sector de la derecha y el MAS para la aprobación de la ley de referendo constitucional en definitiva pasó por no tocar el latifundio y el poder terrateniente en el país. La nueva Constitución establece la limitación de la propiedad agraria a un maximo de cinco mil o diez mil hectáreas (a definirse en el referéndum) en un país en el que existen actualmente propiedades que superan las doscientas mil hectáreas y, por el otro lado, miles de campesinos sin tierra; según el Informe de Desarrollo Humano del PNUD del año 2005, en Bolivia dos millones de familias campesinas ocupan 5 millones de hectáreas, mientras sólo cien familias poseen 25 millones de hectáreas. El problema es que este mismo proyecto de Constitución indica que el límite a la propiedad sólo se aplicará a las dotaciones posteriores al referendo. En los hechos esto es un absurdo, ya que la mayor cantidad de tierras cultivables del país ya está en posesión de los terratenientes, por lo que, si sólo se afectará la propiedad a futuro, no se afectará nada, lo que significa que las relaciones de profunda inequidad en el área rural se mantendrán tal cual.
Finalmente, un ultimo punto de mucha importancia es el establecimiento en la nueva Constitución de un conjunto muy detallado de derechos sociales, políticos, civiles, laborales, de carácter colectivo e individual, que evidentemente representan un avance para la sociedad boliviana al permitir nuevos mecanismos de protección y acceso a derechos históricamentes negados por el Estado a la ciudadanía.
– ¿La Constitución que se votará el 25 de enero afecta a los intereses de la oligarquía?
– Creo que es necesario considerar varios aspectos. En primer lugar, el contenido del proyecto más bien busca democratizar y modernizar el Estado, integrando a los sectores excluidos, ampliando los derechos sociales, garantizando una fuente de acumulación estatal en la economía que permita una redistribución de base más amplia del excedente y planteando una mayor independencia y soberanía del país. En cualquier país avanzado estas metas han sido cumplidas sin requerir de un proceso tan conflictivo y traumático, por lo que los avances de la Constitución aparecen muy limitados, pero en el caso boliviano este es un significativo cambio, ya que el poder de la oligarquía siempre se ha basado en el Estado de ideología colonial y ejercicio represivo, en la completa exclusión de los sectores empobrecidos, en la negación de los derechos más básicos, en la destrucción de la fuerza de trabajo, en la entrega incondicional de la riqueza nacional al capital extranjero y en la total supresión de la soberanía. La nueva Constitución necesariamente afecta la propia lógica de la reproducción oligárquica y la limita.
El segundo aspecto importante es el valor político de la aprobación de la Constitución al que nos referíamos antes. La oligarquía nacional no puede mantenerse como tal si no mantiene bajo su directo control el poder del Estado; al ser tan precaria, sin industria, ni acceso a capital, los recursos públicos son su principal fuente de enriquecimiento y el poder político la condición para ligarse a los intereses del capital extranjero en el país. La aprobación de la nueva Constitución garantiza el control del aparato estatal por el MAS durante una largo periodo, cerrando las puertas a la vieja élite, lo que en definitiva es devastador para sus más básicos intereses y sobrevivencia.
A pesar de esto, principalmente en el caso de la tierra, la Constitución está permitiendo que una fracción de la clase dominante –la más reaccionaria y atrasada- perviva en base a su control ilimitado de la tierra.
– ¿Qué balance hace de los tres primeros años de gobierno del Presidente Evo Morales?
– La política del Gobierno se concentró en la respuesta coyuntural a la desestabilización política que venía de sectores oligárquicos y esta acción de respuesta lo consumió. Más allá de esta situación, considero que hay dos elementos centrales en la política de Evo: la recuperación de los hidrocarburos y parte de las empresas estatales y el desarrollo de la nueva Constitución. Además, hay un conjunto de medidas de apoyo social, pero no se puede decir que haya habido la aplicación de una política de Estado en los temas más importantes, como la industrialización de hidrocarburos, la redistribución agraria o la creación de un aparato productivo.
El resultado político de estos tres años es la derrota de una fracción dominante, la hegemonía del Gobierno del MAS en los sectores populares y la creación de un pacto coyuntural con una fracción de la derecha que ha permitido al MAS tener un periodo de gobernabilidad estable y largo hacia el futuro.
Lo más importante es que comprendamos que éste es un proceso inconcluso, que se encuentra más bien en sus prolegómenos. La aprobación de la Constitución nos permite cerrar una etapa y dedicarnos al fin a la aplicación concreta y necesaria profundización del proyecto popular, que deberá comenzar por corregir las concesiones hechas para su viabilización y plantear la superación de sus límites a partir de la reincorporación de los sectores populares y su capacidad crítica y movilizada.
