Manuel Lima / FOBOMADE. Econoticiasbolivia 05-07-0.

El genocida peruano Alan García intentó abrir la Amazonía para que sea explotada por las transnacionales petroleras. Usó bala y metralla para acallar a los indígenas, pero no pudo. Hoy Evo Morales, con otros métodos, quiere hacer lo mismo con las selvas de Bolivia. Esta es la denuncia del Foro Boliviano sobre el Medio Ambiente y Desarrollo.

La Paz.– La empresa Geokinetics, un pulpo de la industria petrolera con sede en Houston, Texas, Estados Unidos de Norteamérica, ya comenzó las labores sísmicas de exploración petrolera en la Amazonía Sur de Bolivia, afectando el territorio y a las comunidades del pueblo indígena Mosetén y Leco–Larecaja. Los planes a desarrollar también afectarán a los pueblos Chimán, Quechua–Tacana, Tacana, Ese Ejja, Toromona y Leco–Apolo, así como a colonias campesinas instaladas en el área y a poblaciones ribereñas como Rurrenabaque y San Buenaventura.

Esto fue verificado en el terreno por distintas comisiones de trabajo de la que forman parte varias organizaciones indígenas. Ya se ha iniciado la fase 1 de la exploración: se han instalado, al menos detectados, dos grandes campamentos (en Palos Blancos, Departamento de La Paz, y cerca de la comunidad Pukara, en el Departamento de Beni), abierto caminos de penetración, los vuelos de helicópteros son diarios e incesantes, lo mismo que las detonaciones, la parte más dramática del trabajo exploratorio, y con ello, la destrucción irreversible del medio ambiente, de los ríos y los bosques, de la flora y de la fauna, de la cual dependen las comunidades indígenas para la sobrevivencia de su modo de vida y su cultura.

Esta agresión evidente a todos los derechos de los pueblos indígenas de la Amazonía Sur de Bolivia está siendo realizada por una empresa petrolera cuyo origen es desconocido tanto para las organizaciones y pueblos indígenas como para la población boliviana en general.

A la vez, esta agresión nace del más absoluto desprecio por el derecho de consulta y el consentimiento previo de los pueblos indígenas que no fueron ni siquiera informados sobre los alcances y riesgos que trae aparejada la actividad petrolera.

Ese desprecio a los derechos humanos de los pueblos, incluye acciones de soborno a dirigentes de algunas organizaciones y comunidades indígenas, lo que agrava el cuadro de avasallamiento de las mismas, a pesar de que el propio Evo declaró que no se comprarían dirigentes como antes hacían las trasnacionales (La Razón, La Paz, 29/10/2008)

De allí, esta denuncia de carácter nacional e internacional para detener todos los atropellos ya anotados, de los cuales existen pruebas que ya no se pueden ocultar, y que es preciso condenar de la manera más enérgica, apelando a la solidaridad y a la movilización general de todos los sectores que luchan por una Amazonía para la Vida.

Evo debe decidir y actuar

Lo más increíble de todo esto es que esta agresión a los pueblos indígenas amazónicos se está verificando bajo el mandato del primer presidente del Estado Plurinacional de Bolivia, el compañero Evo Morales.

En ese marco, preguntamos y demandamos una explicación sobre la presencia de esta empresa petrolera yanqui en un área que se constituyen en la puerta de ingreso al resto de la Amazonía, territorio cuyo control y dominio es un objetivo estratégico de los norteamericanos, hecho que ya fue denunciado en innumerables ocasiones, incluso por el propio gobierno boliviano encabezado por Evo.

No entendemos cómo se acepta la presencia norteamericana cuando ha quedado demostrado por los últimos sucesos de Baguá, Perú, que esa presencia sólo conlleva muerte y genocidio para los hermanos indígenas. Los mismos intereses que representa Geokinetics en Bolivia (quien, a la vez, está instalada en el Perú) son los que han conducido a la masacre de Baguá. ¿Debemos llegar a ese extremo de violación de los derechos humanos para que la empresa petrolera yanqui salga de la región?

Aquí tampoco podemos callar que funcionarios del Ministerio de Hidrocarburos boliviano han amenazado a los dirigentes indígenas con militarizar la zona, en caso que exista oposición a la exploración petrolera.

Preguntamos: ¿qué se esconde detrás de todo esto? Las informaciones públicas, conocidas hasta ahora, decían que la empresa a la cual se había concesionado los bloques petroleros de la selva era YPFB–Petroandina SAM, o sea una empresa mixta estatal boliviano–venezolana.

Ahora nos enteramos y denunciamos este sub–contrato con una empresa norteamericana que no sólo consideramos lesivo a la soberanía nacional sino que viola y burla el espíritu del proceso de nacionalización de los hidrocarburos, por el cual el pueblo boliviano salió a las calles de las ciudades de El Alto y de La Paz a enfrentar al neoliberalismo en la llamada «Guerra del Gas» que ocasionó más de 60 muertos, en octubre de 2003.

Preguntamos: ¿esta es la nacionalización por la cual murieron nuestros compatriotas?

¿Por qué, en ese mismo marco, se da prioridad a un proyecto de también dudosa viabilidad técnica, sabiendo incluso que hace veinte años YPFB exploró la misma región (perforando el pozo Lliquimuni X1) y no se informó de ningún hallazgo significativo?

¿Por qué la política nacional de hidrocarburos no da prioridad a temas más urgentes como la separación de líquidos de los hidrocarburos que ya se exportan y por lo cual perdemos cientos de millones de dólares o exigen el cumplimiento de los 47 contratos a las transnacionales que siguen operando en territorio nacional?

¿Por qué esa obstinación y ese empecinamiento avasallador de personas y derechos de entrarse, a como de lugar, a la Amazonía?

Conscientes del daño ambiental irreparable que ya está empezando, tampoco podemos creer los cantos de sirena de la empresa yanqui, de Petroandina y de los funcionarios del Ministerio de Hidrocarburos cuando hablan de mitigar esos daños, cuando hace unos días se acaba de saber que el presidente de YPFB, Carlos Villegas, perdonó a la empresa trasnacional Transredes la deuda con el Estado y las comunidades indígenas del altiplano boliviano (La Paz–Oruro, año 2000) a raíz del mayor desastre ecológico de su historia ocasionado por el derrame de petróleo por la ruptura de un ducto a cargo de la referida empresa.

No entendemos cómo el compañero Evo que conoce de la agresión y las masacres perpetradas por la presencia norteamericana en la región del Chapare, a los cuales enfrentó como dirigente sindical durante veinte años en defensa de la hoja de coca, ahora pueda avalar la presencia de Geokinetics en la Amazonía. Preguntamos: ¿será que debemos enfrentarnos a los gringos, como él y las seis federaciones del Trópico de Cochabamba lo hicieron contra la DEA?

A la vez, no entendemos cómo el gobierno que más se ha hecho respetar contra la permanente ingerencia norteamericana en los asuntos internos de Bolivia, permita esta presencia yanqui en suelo boliviano.

¿Cómo entender que los mismos norteamericanos que han sido denunciados por las propias autoridades nacionales de conspirar para derrocar y asesinar a Evo y que han estado detrás de la Masacre de Porvenir, en Pando, donde murieron decenas de campesinos, y que ponía en marcha el Golpe Cívico–Prefectural contra el gobierno y para dividir Bolivia, ahora hayan iniciando un proceso de destrucción irreversible de los recursos naturales de la Amazonía Sur?

Por último, está claro que todo lo denunciado contradice la incuestionable labor de defensa de los derechos indígenas que nuestro presidente Evo Morales está realizando en el ámbito internacional, donde es valorado y respetado como un paladín en la defensa de esos derechos, como ya se demostró cuando Bolivia se convirtió en el primer país del mundo en elevar a rango de ley la Declaración Universal de los Derechos de los Pueblos Indígenas de la ONU o cuando, a propuesta del propio Evo, la referida ONU aprobó la Declaración Universal de los Derechos de la Madre Tierra.

Por esa misma Madre Tierra que ya está siendo agredida, contaminada y destruida, por esos mismos derechos de los pueblos indígenas que están siendo pisoteados, avasallados y desconocidos, es que imploramos a nuestro compañero presidente, en nombre de lo más sagrado, como es la defensa de la tierra y de la vida, es decir de la Amazonía, que ordene la inmediata suspensión de toda actividad petrolera exploratoria en los territorios indígenas y que expulse a Geokinetics para evitar que siga la destrucción y nuevos vejámenes a los derechos humanos y prevenir cualquier violencia.

No queremos otro Baguá, por culpa de las empresas petroleras, ni por la imposición de una visión desarrollista de explotación indiscriminada de los recursos naturales.

Queremos que se respeten los derechos consagrados y las leyes nacionales y convenios internacionales pero especialmente el paradigma de nuestro gobierno representado por el Vivir Bien, es decir vivir en armonía con la naturaleza, como vivimos siempre y como el hermano Evo proclama en los foros internacionales.

Queremos que se valoren, en ese marco, los esfuerzos de indígenas y campesinos amazónicos no sólo por preservar la vida y la naturaleza de la Amazonía, sino las opciones económicas viables que ellos impulsan, como la producción de castaña y cacao ecológico o el ecoturismo, que demuestran que el aprovechamiento sostenible de la biodiversidad es el camino alternativo al modelo de acumulación basado en la extracción de recursos naturales no renovables, vigente desde la creación de la república y que ha amarrado al país a la pobreza.

En ese sentido, proponemos el debate ideológico y la reflexión consciente, y aceptamos el desafío propuesto por el propio compañero Evo Morales en la última reunión consultiva de la CIDOB de debatir, de manera abierta, franca y fraternal, estos temas y todo lo relacionado con el presente y el futuro de la Amazonía.

Un debate, urgente y necesario, que también Evo alentó con relación a la propuesta ecuatoriana, encabezada hoy por el propio Presidente Correa, de dejar el petróleo amazónico en el subsuelo, y exigir a cambio el pago de la deuda ecológica a los países industrializados, en el marco del debate mundial sobre los efectos y consecuencias del Cambio Climático.

Creemos que estas verdades deben ser escuchadas, que lo actuado por los funcionarios del Ministerio de Hidrocarburos viola todos los derechos de los pueblos indígenas y debería ser sancionado y que es preciso acabar con la presencia norteamericana en el territorio amazónico, más cuando ello sólo significa depredación ambiental, división social, degradación cultural y sometimiento a dictados de políticas que no responden a los verdaderos intereses de los pueblos.

(*) Manuel Lima es presidente de FOBOMADE (Foro Boliviano sobre Medio Ambiente y Desarrollo).