Columna de Eduardo Gudynas*, en “Embrollo del Desarrollo”, en El Espectador (Bogotá), 29 mayo 2013.

Las alertas comenzaron a repetirse en todo el continente: el gobierno de Bolivia anunció que comenzaría a buscar y explotar hidrocarburos dentro de sus áreas naturales protegidas. Este embate es otro síntoma de la tendencia actual de extraer los recursos naturales en cualquier lugar que se encuentren, incluso en zonas que permanecían resguardadas por diversos motivos como pueden ser las comunidades campesinas, las tierras indígenas o las áreas naturales protegidas. Se dice que los impactos podrán ser gerenciados o compensados, y que se educará a las comunidades locales para que no se opongan. Bajo esta premisa de explotar recursos donde sea, concientizar comunidades locales, y compensarlas, ningún sitio, ni nadie, están a salvo.
El caso boliviano posiblemente sea el más agudo y contradictorio. Es que presidente Evo Morales en los foros internacionales tenía una fuerte retórica en defensa de la Madre Tierra y contra el capitalismo global. Pero el problema es que, “dentro de casa”, la protección ambiental se debilitaba cada vez más, de la mano con una inserción capitalista en aumento.

Aunque esta no es una situación aislada, sino que esta es una tendencia que se encuentra en otros países, es necesario precisar algunas facetas destacadas de la medida boliviana.  Según el anuncio de su vicepresidente, Alvaro García Linera, la estatal petrolera boliviana ingresará a los parques nacionales para explorar y explotar recursos hidrocarburíferos, porque son áreas “altamente petroleras y gasíferas (ver las declaraciones aquí…)

Tres aspectos sobresalen:

• Se defiende la necesidad de comenzar a explotar los recursos naturales dentro de las áreas protegidas.

• Se afirma que se apelará a procedimientos que minimicen el impacto ambiental y que se gastará todo lo que sea necesario para compensar esos impactos.

• Se anuncia que se “concientizará” a los pueblos indígenas tanto sobre la necesidad de este tipo de desarrollo.

Estas tres ideas merecen ser analizadas con mucho cuidado. La primera afirmación es, en los hechos, una renuncia al mandato de protección de la Naturaleza. Las áreas protegidas son precisamente “protegidas” de los aprovechamientos intensivos, y entre ellos sin duda se encuentran los emprendimientos extractivistas. La finalidad de esos sitios es asegurar la preservación de la biodiversidad, dirían los biólogos de la conservación, o el respeto a la Pacha Mama, dirían muchos indígenas andinos. Los anuncios gubernamentales están en contra de cualquiera de estas dos perspectivas. La posible consecuencia es que Bolivia ya no pueda tener áreas protegidas bajo las categorías más estrictas, sino que deberá resignarse a aquellas más flexibles, enfocadas en los “usos múltiples”.

Desmontar las normas de protección de áreas naturales y afectar todo un “sistema de áreas protegidas”, por cierto que genera fuertes contradicciones políticas con otros dichos del gobierno liderado por el MAS. Pero esto ahora es posible ya que bajo la nueva ley de la “madre tierra” el foco de la gestión estatal es el “desarrollo integral”, y seguramente que bajo esa mirada convencional no hay nada más “integral” que exprimir todos los recursos naturales.

El razonamiento de García Linera es inverso. En efecto, sostiene que como una “una buena parte” de las reservas de hidrocarburos bolivianos está en sitios que “se han ido declarando en los años parques”, y la razón para ello sería evitar su exploración, “para que guardemos seguramente para alguien” afirmó el vice boliviano. Esa última afirmación se acerca a la retórica otras veces escuchada en Bolivia de algo así como una conspiración internacional donde las áreas protegidas serían en verdad mecanismos para evitar la explotación de recursos naturales.

El giro conceptual es enorme, ya que las áreas protegidas, según esa postura gubernamental, no sirven a conservar el patrimonio natural de los bolivianos y asegurarles una mejor calidad de vida, sino que impide el desarrollo convencional. Esto lo dice claramente el presidente de la estatal petrolera boliviana, afirmando que “las licencias ambientales retrasan la ejecución de proyectos, por eso es necesario trabajar para que dejen de ser obstáculos”, y por ello ha solicitado modificar las normas que la regulan (veáse aquí…). Es otro ejemplo de “licencias express”. Bajo el nuevo “desarrollo integral”, se impone un mandato para explotar esos recursos, incluso dentro de las áreas protegidas.

El segundo anuncio expresa otro intento de remontar las contradicciones de estas medidas. Se dice que la explotación dentro de áreas naturales no tendría efectos, o que estos pueden ser minimizados.  Dice García Linera que se explotarán los recursos “con el debido cuidado, con la debida capacidad mitigadora de los impactos ambientales, con el debido cuidado para preservar la estructura natural de los bosques, de los cerros y de los ríos”. Da un paso más, y agrega que se gastará “la cantidad de dinero que sea necesario para garantizar esa mitigación”.

Comencemos por advertir que esa es una afirmación que carece de base científica. La explotación de hidrocarburos implica serios impactos ambientales, en unos casos directos (por ejemplo en las torres de perforación o los gasoductos), así como indirectos (la apertura de caminos o trochas dentro de áreas naturales). Los efectos involucrados van desde pérdida de bosques, alteración de la matriz original del paisaje, creación de corredores de impacto, efluentes, contaminantes, etc. A riesgo de ser esquemático, pero para ser muy claro: la explotación minera o petrolera en ecosistemas tropicales conlleva serios impactos ambientales, muchos de los cuales no pueden ser mitigados, y donde la restauración puede ser muy lenta o imposible a mediano plazo.  No hay impedimentos técnicos, sino que  esto sería, apenas, cuestión de dinero.

Más allá de la evidencia científica, el propio sentido común de las comunidades locales sabe de esto: la llegada de perforadoras, el uso de explosivos, o el tránsito de equipo pesado, encierra efectos negativos sustantivos.

Aún admitiendo que en algunos casos se podrían usar ciertas tecnologías de punta, o programas de restauración ambiental enérgicos, los costos involucrados son tan enormes que cualquiera de esos emprendimientos dejaría de ser rentable. Pero el gobierno insiste en que una compensación económica sería suficiente para asegurar la mitigación ambiental.

A pesar de toda esa evidencia, desde los gobiernos se insiste en que esos impactos no existen, o invocando un envidiable optimismo científico técnico, aseguran que se cuenta con las tecnologías para reducirlos y manejarlos. García Linera no está solo en esto, y en más de una ocasión Rafael Correa sostiene que en Ecuador la gran minería no tendría impactos significativos. Hay casos similares en otros países, llegando incluso a defenderse explotación petroleras que serían “islas” en la selva, comunicadas únicamente por helicópteros. De estos y otros modos, se defiende una ilusión de la ausencia de impactos o que éstos pueden (y serán) manejados.

El tercer punto es todavía más preocupante, por lo que dice y por lo que anuncia. El llamado a “concientizar” a los indígenas y grupos locales parte de una postura de superioridad frente a las comunidades locales. Estas últimas serían ignorantes o atrasadas, y los jerarcas gubernamentales que “todo lo saben”, las educarían. Sin duda que hay mucha pedantería en juego aquí. Otra vez más estos casos no son raros, y hay unos cuantos ejemplos de presidentes que “enseñan” al pueblo, como si fueran niños, que los impactos sociales y ambientales no existen o serán compensados.

Pero también hay mucho para preocuparse, porque esa postura de superioridad autoasignada es usada como excusa para la imposición del extractivismo. Se insiste en la tarea pedagógica de explicar, pero cuando a juicio de sus promotores los esfuerzos de “enseñanza” ya no son fructíferos, rápidamente se pasa a la imposición. Esto implica cuestiones como desatender la oposición local, aplicar medidas policiales sobre los territorios, desplazamientos de comunidades, criminalización de la protesta ciudadana, o judicializar a sus líderes. “Intentamos concientizarlos …pero no nos escucharon” – es la excusa que después se escucha en varias situaciones.

El caso boliviano no es el de un pequeño país sumido en la crisis y que es avasallado por las grandes corporaciones que conquistan su territorio. Por el contrario, el vicepresidente anunció que el propio Estado dará subsidios económicos para esa exploración. En efecto, sostuvo que se otorgarán, vía decreto, nuevos estímulos para una rápida recuperación de la inversión petrolera en actividades de exploración, según la prensa. La reacción del empresariado es “sentirse un poco más optimistas tomando en cuenta que la medida ha sido declarada como un objetivo nacional” (declaraciones aquí…).

Se cierra así un círculo, donde la protección de la Naturaleza deja de ser una salvaguarda del patrimonio boliviano y sería, por el contario, una impedimento para el desarrollo; donde la protección de la Madre Tierra debe ser entendida como un desarrollo integral que explote todos los recursos; donde los impactos negativos pueden ser todos manejados y ello es sólo cuestión de dinero; y donde los que se oponen, serán concientizados.

*Investigador en el Centro Latino Americano de Ecología Social (CLAES), en Montevideo. MSc en ecología social. Docente en varias universidades latinoamericanas, investigador asociado en la Universidad de California, promotor de la Alianza de Estudios Critico sobre el Desarrollo, militante por alternativas al desarrollo (algo muy distinto de los «desarrollos alternativos»). En Colombia ha ofrecido conferencias, cursos o talleres en las universidades Nacional, Javeriana, Antioquia, Cauca. Sus artículos académicos y libros están en www.gudynas.com y su twitter es: @egudynas.