El Gobierno boliviano ha decidido aumentar en un 300% la subvención a las transnacionales para la producción de petróleo, sumando un incentivo de 30 dólares por barril a los 10 dólares que ya reciben. Este enfoque, que prioriza la producción de crudo y la importación de combustibles, se aleja de la propuesta de recuperar los campos para la estatal YPFB.
La inversión pública de 2012 se concentra en hidrocarburos, minería, energía eléctrica y transporte, mientras los proyectos de industrialización del gas avanzan lentamente. En minería, las exportaciones alcanzaron un récord, pero el Estado retiene solo un 12,7% del valor. Las empresas extranjeras dominan el sector, mientras el Estado se limita a operar en pocas minas.
El actual enfoque del Gobierno favorece a las transnacionales, descuidando los intereses nacionales. La consulta previa se convierte en un trámite que favorece a las empresas, y la legislación avanza hacia un modelo neoliberal que genera tensiones sociales, al tiempo que prioriza las ganancias extranjeras sobre los derechos de la población.
