El Conamaq busca frenar la consulta previa en el TIPNIS (La Razón, 10-04-12)
La Razón / Yubert Donoso / Sucre
03:28 / 10 de abril de 2012
Una delegación de dirigentes del Consejo Nacional de Ayllus y Markas del Qullasuyu (Conamaq) llegó ayer a Sucre y se apersonó ante el TCP, para conocer el estado de las demandas que plantearon a través del diputado Pedro Nuni. Según la información que les proporcionaron, la demanda del parlamentario Fabián Yaksic (MSM) fue admitida, mientras que la de Nuni fue rechazada por errores de forma.
El abogado del Conamaq en Sucre, Marco Baldivieso, anunció que hasta el viernes se presentará otro recurso en el cual se solicitará una medida cautelar. Ese extremo busca paralizar la consulta previa a los pueblos indígenas sobre la construcción de la carretera que podría atravesar el corazón del Territorio Indígena Parque Nacional Isiboro Sécure (TIPNIS), mientras el TPC no se pronuncie sobre las demandas de inconstitucionalidad planteadas en esa repartición judicial.
“Uno de los aspectos que vamos a solicitar es una medida cautelar, para que se ordene al Gobierno que se paralice la consulta previa, hasta que se pronuncie el Tribunal Constitucional Plurinacional, porque no tendría sentido que se sustancie la demanda y que salga la resolución después de la consulta”, explicó Baldivieso. Otro de los objetivos de la demanda es agotar todas las instancias judiciales en Bolivia, para luego habilitarse y presentar recursos ante organismos internacionales de derechos humanos.
Hasta la fecha, el TCP tiene en sus manos cuatro demandas sobre el caso TIPNIS. La primera planteada por el MSM contra la Ley 222, que convoca a la consulta previa, mientras que los diputados oficialistas Miguel Ángel Ruiz y Sonia Guardia plantearon otra demanda contra la Ley 180, sobre la declaratoria de intangibilidad de la reserva del TIPNIS.
Las otras dos impetraciones fueron planteadas por Nuni, una cuestiona la ley de consulta previa y la otra el Presupuesto General del Estado que, en uno de sus artículos, restringe los alcances y previsiones protectivas del derecho a la consulta previa.
“Por ese intento de violación que existe, la próxima semana vamos a presentar la inconstitucionalidad de la Ley 222, que atenta contra los derechos colectivos”, declaró en la ciudad de La Paz el principal dirigente del Conamaq, Rafael Quispe.
Se alega la presunta vulneración de los Derechos de la Naturaleza al intentar construir la carretera entre Villa Tunari y San Ignacio de Moxos por el centro del corazón TIPNIS, por lo que, de acuerdo con un despacho de radio Fides, se presentaría una acción popular contra el Gobierno, recurso que está contemplado en los artículos 135 y 136 de la Constitución Política del Estado (CPE).
La acción popular, según la Carta Magna, procede “contra todo acto u omisión de las autoridades o de personas individuales o colectivas que violen o amenacen con violar derechos e intereses colectivos, relacionados con el patrimonio, el espacio, la seguridad y salubridad pública, el medio ambiente y otros de similar naturaleza” reconocidos por la CPE.
Este recurso, según el Art. 136, “podrá interponerse durante el tiempo que subsista la vulneración o la amenaza a los derechos e intereses colectivos”. No se requiere agotar la vía judicial o administrativa para interponer esta acción, que sigue el mismo procedimiento del amparo constitucional.
Una reunión en Sucre
Dirigencia
Una comisión de representantes del Conamaq se trasladó a la ciudad de Sucre para reunirse con dirigentes del ayllu Q’ara Q’ara Suyo y otros sectores sociales. Entre otros aspectos, se analizará el tema de la IX marcha, cuya partida está programada para el 25 de abril.
Prevén citar a personal de OAS en Brasil
El Ministerio Público analiza los mecanismos para citar a algunos personeros de la empresa OAS que se encontrarían en Brasil y deben declarar, en el marco de la denuncia interpuesta por el Movimiento Sin Miedo (MSM), en torno a las presuntas irregularidades en el contrato de la vía Villa Tunari-San Ignacio de Moxos.
“Tenemos que ver el mecanismo para hacer la citación, estamos en ese análisis, pero está programado. Habría que hacerlo vía Cancillería o vía cooperación, hay que analizar esa figura”, dijo el fiscal José Ponce, miembro de la comisión que investiga, además, las supuestas agresiones al canciller David Choquehuanca y la represión a los marchistas del TIPNIS, el 24 y 25 de septiembre de 2011.
Según el representante del Ministerio Público, algunos de los personeros de OAS se hallan en calidad de denunciados y se debe determinar dónde se encuentran. “Vamos a hacer las averiguaciones para establecer cómo los citamos”.
Pesquisa. Además de las declaraciones aportadas a la fecha, Ponce señaló que en el caso de funcionarios de OAS se valorará las pruebas documentales. Se busca acumular los contratos, el documento base de contratación de la carretera, las leyes que rigen la materia, los reglamentos internos de la empresa OAS y de la misma Administradora Boliviana de Carreteras (ABC) que, de acuerdo con el fiscal, permitirán establecer y sacar algunas conclusiones respecto al sobreprecio denunciado por el MSM.
Ballivián niega un sobreprecio en el contrato
La expresidenta de la Administradora Boliviana de Carreteras (ABC) Patricia Ballivián negó ante el Ministerio Público un supuesto sobreprecio en la construcción de la vía Villa Tunari-San Ignacio de Moxos, como denuncia el MSM.
Tras prestar su declaración, en calidad de sindicada, Ballivián aseguró que todo el proceso de contratación de esa vía se hizo en un marco profesional y técnico para determinar un precio referencial. “Hay dos estudios que tenemos y los hemos presentado acá (en la Fiscalía)… esto se ha hecho siguiendo los criterios de ingeniería que se ha tenido en la ABC”. Respecto a la denuncia del MSM sobre un eventual sobreprecio, dijo que ese partido “quiere palestra política”, y que el memorial de denuncia “no tiene pruebas ni sustento”.
En tanto, la abogada Aida Camacho, en representación del MSM, ratificó que “se ha contratado una carretera por $us 415 millones” y que determinaron ampliar su denuncia contra el actual presidente a.i. de la ABC, Luis Sánchez Gómez. El funcionario tendría que explicar “bajo qué cargo y por qué concepto entregó a la OAS $us 7,5 millones, cuando el contrato no estaba vigente”.
