La consulta por lo común nació bajo el conflicto Estado-indígenas (La Razón, 27-02-12)
La aplicación y el respeto a la consulta previa a los pueblos indígenas para el uso de sus territorios no sólo genera conflictos en Bolivia. Países como Perú y Ecuador experimentaron fuertes tensiones en su implementación. Colombia fue más favorable a los pueblos originarios.
La Razón / PAULO CUIZA / La Paz
01:58 / 26 de febrero de 2012
Para el investigador Iván Bascopé, el derecho a la consulta a los pueblos indígenas dejó de ser un tema regional para convertirse en uno de interés global, que hoy involucra directamente por lo menos a Bolivia, Perú, Ecuador y Colombia.
Un recuento de la consulta en América Latina da cuenta de que su aplicación siempre trajo consigo fuertes tensiones entre los gobiernos y los indígenas. En Perú, por ejemplo, en 2009 en la comunidad de Bagua, indígenas amazónicos peruanos se enfrentaron a policías demandando la consulta para la explotación de recursos hidrocarburíferos.
El problema se saldó con la muerte de 30 personas, lo que ocasionó que el congreso peruano inicie el tratamiento de la Ley de Consulta, que fue aprobada el año pasado.
Por esta razón, sostiene Bascopé, la ley debe ser de largo alcance, “la futura Ley Marco de Consulta debe prever todas las medidas legislativas en temas de minería, hidroeléctricas, hidrocarburos; (debe, además) reforzar la elaboración de estudios ambientales dentro del proceso de consulta y procedimientos que respeten las estructuras orgánicas de cada pueblo indígena sobre sus usos y costumbres”.
Un antecedente al caso boliviano también son los conflictos registrados en 2010 en Ecuador con la aprobación de una Ley de Recursos Hidrícos, censurada por la Confederación de Nacionalidades Indígenas de Ecuador (Conaie). En Colombia, el reclamo de los pueblos indígenas por su derecho a la consulta generó que el Tribunal Constitucional (TC) de ese país emita sentencias a su favor.
El 3 de marzo de 2011 la sentencia T-129, por ejemplo, obligó a la Corte Constitucional de Colombia ordenar la realización en forma debida de la consulta previa, libre e informada en torno a tres proyectos: la construcción de una carretera, la interconexión eléctrica binacional Colombia-Panamá y una concesión minera.
Bascopé señaló que la experiencia de Colombia debería servir como base para la futura Ley Marco de Consulta Previa cuyo análisis continuará el 28 de febrero entre el Ejecutivo y las organizaciones.
BOLIVIA. La aprobación de la Ley de Consulta para resolver el tema de la carretera por el Territorio Indígena Parque Nacional Isiboro Sécure (TIPNIS) abrió en el país el debate para la elaboración de una futura Ley Marco de Consulta Previa, cuyo análisis empezó el 15 de febrero en Palacio de Gobierno.
Allí el presidente Morales y representantes de organizaciones sociales empezaron a delinear las bases de la norma.
Bascopé dice que en Bolivia el tema de la consulta debió ser tratado antes de que el país llegue a conflictos como el de Takobo Mora (en el Chaco), Coro Coro (La Paz) o en el TIPNIS. De hecho, una evaluación previa hubiera evitado conflictos.
Rodolfo Machaca, de la Confederación Sindical Única de Trabajadores Campesinos de Bolivia (CSUTCB), dice que la Ley Marco de Consulta debe ser construida entre las organizaciones y el Gobierno.
Según la Organización Internacional del Trabajo, la figura de la consulta aparece en el Convenio 169 de esa organización. Un reciente informe de la OIT para América Latina y el Caribe asegura que los indígenas de Bolivia no utilizan ni conocen a profundidad el Convenio 169 como para hacer respetar sus derechos.
Campesinos buscan su inclusión en Ley Marco de Consulta Previa
Los campesinos buscan su inclusión en la futura Ley Marco de Consulta Previa. Los indígenas se oponen y apelan a la Constitución Política del Estado (CPE), el Convenio 169 de la Organización Internacional del Trabajo (OIT) y la Declaración de los Derechos Indígenas de las Naciones Unidas (NNUU), para excluir a los primeros.
El secretario de Tierra y Territorio de la Confederación Sindical Única de Trabajadores Campesinos de Bolivia (CSUTCB), Rodolfo Machaca, asegura que la “consulta es una conquista de las organizaciones sociales” y, por tanto, los campesinos deben ser consultados cuando una medida estatal afecte a sus comunidades.
En respuesta, Félix Becerra, ejecutivo del Consejo Nacional de Ayllus y Marqas del Qullasuyu (Conamaq), dice que la consulta no puede alcanzar a los campesinos: “ellos tienen derecho a la consulta pública”, dice. Froilán Puma, mallku del Conamaq, por su lado, asegura que la Constitución, normas y tratados internacionales son claros: la consulta sólo involucra a los pueblos indígenas y no así a los campesinos.
Constitución. El artículo seis del Convenio de la OIT y el artículo 30 de la CPE señalan que uno de los derechos de los pueblos indígenas es ser consultado “mediante procedimientos apropiados cada vez que se prevean medidas legislativas o administrativas susceptibles de afectarles”.
Machaca insiste en que los campesinos deben ser consultados debido a su creciente presencia en territorio nacional. “En la actualidad somos más de cuatro millones de campesinos afiliados a la CSUTCB)”, justificó su posición.
El viceministro de Coordinación con los Movimientos Sociales, César Navarro, señala que los poseedores de los derechos colectivos son los “indígena originario campesinos” y que, por lo tanto, son esos tres grupos los que deben construir, bajo consenso pleno, la Ley Marco de Consulta Previa.
“La CPE, el Convenio de la OIT y las NNUU dicen que no se puede consultar a campesinos”, destaca Puma. Machaca manifiesta que los “originarios” y “campesinos” también tienen derecho a ser consultados.
Al menos 13 obras están en suspenso
Por lo menos 13 proyectos petroleros están paralizados por demandas de los pueblos indígenas que piden ser consultados sobre el uso de sus territorios y exigen, de conjunto, una indemnización de 72 millones de dólares para dar curso a las construcciones hidrocarburíferas.
De acuerdo con datos de Yacimientos Petrolíferos Fiscales Bolivianos (YPFB) y publicados por La Razón, actualmente existen 13 proyectos hidrocarburíferos que están en riesgo de suspensión por conflictos con 16 pueblos indígenas de la Asamblea del Pueblo Guaraní (APG).
PROYECTOS. Entre los proyectos afectados están el gasoducto Villamontes-Tarija (segunda fase) en el territorio Itica Guasu. La APG demanda siete millones de dólares como compensación.
Otros proyectos comprometidos son las plantas de separación de líquidos de Río Grande y de Gran Chaco; estudios de sísmica; y la perforación de cinco pozos en Takovo Mora. Por esta última empresa, los indígenas guaraníes piden una compensación de 22,9 millones de dólares.
En octubre de 2011, el presidente Evo Morales, sostuvo que las consultas previas son una pérdida de tiempo y dinero, que perjudican la exploración de pozos petroleros. En enero pasado anunció que el Legislativo aprobará una norma que “separe la licencia ambiental de la consulta” para destrabar las inversiones en proyectos estatales.
