¿CUÁNDO LLEGARÁ EL PROCESO DE CAMBIO A NUESTRAS CÁRCELES?

Si no recuerdo mal, en todas las elecciones de estos últimos años las candidaturas del cambio ganaron estrepitosamente en todas las cárceles del país, lo que resultaba muy notable porque suelen ser los primeros asientos electorales en terminar la votación.

Sin embargo los últimos sucesos ocurridos en varios penales del país, y de manera especial en San Pedro —precisamente donde dicha votación fue mayor— nos llevan a preguntarnos con tristeza por qué el cambio no llega precisamente a esos lugares donde el sufrimiento, la pobreza y la discriminación alcanzan sus máximos niveles.

Porque resulta que los y las habitantes de nuestros recintos penitenciarios son los que concentran en sus vidas cotidianas las desgracias estructurales que queremos cambiar, y que para otros sectors sí están cambiando.

Para empezar viven un hacinamiento que supera el de cualquier otro sistema habitacional, violando la ley que establece que no se puede recargar una cárcel con más habitantes que los que puede dignamente albergar; y ese hacinamiento, en lugar de disminuir, va en constante aumento en la gran mayoría de las cárceles del país.

Pero al hacinamiento hay que añadir las malas condiciones alimentarias, de las que sólo escapan aquellos internos e internas que cuentan con medios propios para pagar personalmente su alimentación, lo que supone colateralmente una carga más para las familias, que ya tienen bastante pena con tener un familiar internado.

Además en esas condiciones son imposibles la privacidad, la higiene personal, la comodidad elemental, que vienen a ser lujos reservados a los escasos internos que pueden considerarse ricos. Y está comprobado que vivir sin privacidad, sin los niveles elementales de higiene y de salud, sin un mínimo de holgura, a lo que lleva es la disminución de la autoestima y a sentimientos de profundo resentimiento contra la sociedad, esa sociedad a la que se pretende que dicha población algún día pueda reincorporarse.

Para colmo el personal estatal encargado de la seguridad interna y externa de los penales, encargado del orden y la paz internas, vale decir la Policía Nacional, con demasiada frecuencia lo que ha hecho es facilitar todo lo contrario: el ingreso ilegal de alcohol, de drogas, incluso de armas.

Pero la más profunda iniquidad es el comportamiento del sistema judicial, gracias a cuya burocracia e insensibilidad es sabido que la mayor parte de la población penitenciaria se encuentra en condiciones de detención “por si acaso”, sin condena alguna; y eso puede durar años, y cuando al cabo de años la sentencia judicial resulta absolutoria, no hay por supuesto ninguna indemnización (salvo para aquellos que pueden sufragar un proceso judicial contra los culpables de su injusto apresamiento). De hecho la semana pasada se supo el nombre de un interno que había muerto por desnutrición, y era de los que no tenían condena (ni se sabe si la iba a tener).

Se trata evidentemente de un cúmulo de problemas que no se pueden resolver de la noche a la mañana, pero cuando el costo de vida sube como ha subido en lo que va de año, y los internos de varios centros penitenciarios se movilizan en demanda de un sustancial incremento del “prediario”, las autoridades correspondientes se limitan a incrementarlo en un triste 20 por ciento, lo que en este caso significa poco más de 1 boliviano, afirmando que el país es demasiado pobre para poder tratar un poco mejor a su población penitenciaria (¿no era que internacionalmente Bolivia ha superado la calificación de país pobre?). Pero no sólo eso, se nos muestra por televisión la “toma” violenta de la cárcel de San Pedro por la Policía, y a continuación la expulsión de las esposas de la plaza pública de San Pedro. O sea que el país no sólo es demasiado pobre sino también demasiado insensible.

Ahí viene mi pregunta: ¿Qué falta para que el cambio llegue a nuestras cárceles, donde desde el primer día la población votó masivamente por él?