El papel de las transnacionales españolas Banco Santander y ACS en el complejo hidroeléctrico del río Madera
La construcción de megaproyectos en cualquier ecosistema implica cambios y graves impactos en su biodiversidad. La región amazónica es extremadamente valiosa y al mismo tiempo especialmente vulnerable frente a la alteración de dicho ecosistema, creando impactos no sólo a nivel medioambiental, sino sobre las comunidades y pueblos indígenas que habitan en la zona, para los cuales este territorio supone su medio de vida y parte de su identidad cultural.
ALAI, América Latina en Movimiento
2011-02-23
2011-02-23
El Complejo Hidroeléctrico del río Madera
Se trata del complejo hidroenergético más grande proyectado en plena Amazonía, así como del principal y más polémico emprendimiento dentro de la Iniciativa para la Integración de la Infraestructura Sudamericana (IIRSA). Dos de las represas hidroeléctricas están ubicadas en territorio brasileño (San Antonio y Jirau), una de ellas en aguas binacionales Bolivia-Brasil (Guayara-Mirín), y la cuarta en Bolivia (Cachuela Esperanza). Sin embargo, los ríos y el ecosistema que las rodean no entienden de fronteras nacionales, y así como los ríos Madre de Dios y Beni, afluentes del Madera, confluyen a través de la Amazonía peruana, boliviana y brasileña, las consecuencias y el impacto de la construcción de las represas afectaría a todo el territorio y a sus pobladores.
La construcción de las represas y la hidrovía supondrá la inundación de una de las zonas con mayor biodiversidad de América del Sur, con impactos sobre el ecosistema amazónico y del Pantanal. La destrucción de territorio indígena (tales como el Pacahuara, pueblo en aislamiento voluntario) y campesino, tanto en Bolivia como en el Brasil, supondrá el desplazamiento de miles de personas que pasarán en una gran parte a engrosar los anillos de pobreza de las grandes ciudades. Para los resistentes, la convivencia con el megaproyecto dará lugar al deterioro de la calidad de vida, el aumento de enfermedades endémicas como la malaria o el dengue (debido al estancamiento de aguas que implicarán las presas) y los impactos ya registrados sobre la pesca debido a la alteración de las aguas y a la contaminación con mercurio.
El papel del Banco Santander y ACS
En mayo del 2005, el Banco Santander lideró un consorcio de Bancos que concedieron 445 millones de dólares en títulos de valores apoyados por activos a FURNAS Centrais Eletricas S.A (FURNAS), además de una emisión de obligaciones valorada en 128 millones de dólares más junto con el Banco Banif Primus. FURNAS, en consorcio con CNO- Constructora Norberto Odebrecht S.A presentaron, en agosto de 2003 el proyecto para la construcción de las primeras dos represas, San Antonio y Jirau. Las mismas empresas a las que el Instituto Brasileño de Medio Ambiente y Recursos Naturales (IBAMA) rechazaría en primera instancia su Estudio de Impacto Ambiental por incompleto [1]. La negativa del Instituto generó una crisis al interno de la misma, y curiosamente tan solo tres meses después, la licencia de obra fue aprobada por su nueva directiva tras ser anunciada públicamente por el entonces Ministro de Medio Ambiente Carlos Minc.
A principios del 2008 el Consorcio Madera Energía (MESA) ganó la licitación para la construcción de la presa de San Antonio, pasando a llamarse San Antonio Energía (SAESA). El Consorcio estaba conformado varias multinacionales del sector de la construcción, eléctrico y financiero, así como por el Fondo de Inversiones y Participaciones Amazonía Energía (20%).
Amazonía Energía era un Fondo de Inversión Privado constituido por dos bancos: Banif, el Banco Santander, y el FI-FGTT, un fondo de inversiones que invierte los recursos del fondo para el seguro de desempleo de los trabajadores federados de Brasil en infraestructura, incorporado posteriormente. Este consorcio aportó 250 millones de dólares a la financiación del proyecto. De esta manera, el Banco Santander participaba en el consorcio no sólo como principal asesor financiero, si no que además se convertía en uno de los propietarios. En consonancia con su política de inversiones fugaces, ya en ese momento, la intención del Santander era abandonar su inversión cuando el proyecto entrara en la fase de implantación.
La participación del Santander en el megaproyecto, dio lugar a una campaña de protesta por parte de varias organizaciones sociales y ONGs, que advirtiendo de los impactos sociales y ambientales de este tipo de megaproyectos, pidieron explicaciones al presidente del Banco Santander en la Junta de Accionistas correspondiente al año 2008.
En abril de 2009 el Santander decidió vender la mitad de su participación en el consorcio al FI-FGTT, y casi un año más tarde, en enero de 2010, decide retirarse del proyecto y vender el resto de sus participaciones a este mismo fondo, convirtiéndolo así en principal accionista del consorcio Amazonía Energía.
Por su parte, la multinacional española ACS y a través de CYMI S.A, participa en la construcción de la línea de transmisión energética que unirá las represas del complejo hacia las ciudades brasileñas de San Paulo y Río de Janeiro.
Impactos, irregularidades…
A las irregularidades cometidas a lo largo del proceso de licitación de la represa de San Antonio en lo que se refiere a los Estudios de Impacto Ambiental incompletos, se suman las denuncias de las organizaciones que alegan presiones políticas a favor de la construcción del megaproyecto, la falta de transparencia a la hora de informar a la población de los efectos y consecuencias del mismo, y la vulneración de los Derechos Humanos de los pueblos indígenas.
….y resistencias.
Múltiples organizaciones han coordinado sus campañas de protesta frente a la construcción del complejo, advirtiendo de los impactos contra el medio ambiente y los pueblos y comunidades de la zona, pidiendo responsabilidades a los respectivos gobiernos y empresas multinacionales, denunciando las irregularidades, y organizando a la sociedad civil entorno a sus demandas. Se trata de organizaciones bolivianas (Movimiento Social en Defensa de la Cuenca del Río Madera y de la Región Amazónica, FOBOMADE, la Federación Sindical Única de Trabajadores Campesinos de Pando, CEDIB…) y brasileñas (Amigos da Terra, Rio Madeira vivo, MAB, la COIAB, Kanindé…) principalmente, pero también internacionales (International Rivers, Setem, ODG, OMAL…)
El 10 de diciembre de 2007, Amigos da Terra Brasil y International Rivers Network interpusieron una Acción Civil Pública (ACP) de la Justicia Federal para suspender la licitación de la represa de Santo Antonio, en el río Madera, fundamentando que el análisis del parecer de IBAMA, que justificaba cómo la concesión de Licencia Previa estaba incompleta. Casi un año más tarde, El Tribunal Latinoamericano del Agua (TLA) decidió censurar al gobierno brasileño por la construcción de las Represas Hidroeléctricas de Santo Antonio y Jirau. Después del análisis de la denuncia realizada por la Asociación de Defensa Etnoambiental Kanindé, el Tribunal resolvió que las represas acarrean destrucción ambiental y pondrían en riesgo el bienestar físico y social de las comunidades de las regiones afectadas por las obras. En junio del pasado año, Amigos da Terra – Amazônia Brasileira, Kanindé e COIAB tomaron mediadas judicialespara conseguir la nulidad de la licencia de Santo Antonio y Jirau ante la Justicia Federal del departamento de Rondonia (Brasil). En el caso de la acción por la anulación de licencia de de Santo Antonio, una de las principales irregularidades apuntadas es la autorización por el IBAMA de la instalación antes que el FUNAI (Fundaçao Nacional do Índio) tuviera información suficiente sobre la localización geográfica de los indígenas en aislamiento que viven en la zona de impacto del emprendimiento. También fue destacada la falta de autorización del Congreso Nacional para el aprovechamiento de recursos hídricos en tierras indígenas, conforme a los exigidos por la Constitución Federal brasileña. Por último, el noviembre del mismo año, Varias organizaciones representativas de los países afectados y líderes indígenas denunciaron en una audiencia de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (Organización Americana de Estados, OEA) en Washington los impacto sobre las tierras indígenas, los grupos indígenas, la contaminación por mercurio, el aumento de la malaria y el episodio grave de la mortalidad de peces en las obras de la presa de San Antonio.
A día de hoy el gobierno Boliviano ya ha autorizado la construcción de la represa de Guayara Mirin, y las obras continúan. Las resistencias también.
Nota
[1] El documento presentado por el IBAMA, “Parecer Técnico IBAMA No. 014/2007”, establecía que, debido a la sobre elevación del agua, “no quedan dudas que los impactos de las represas relacionados con la productividad pesquera, la viabilidad poblacional de especies de peces y la proliferación de la malaria se extienden a otros países.” Del mismo modo, recogía la insuficiencia de las medidas mitigadoras que proponía el consorcio, así como la identificación de áreas afectadas no contempladas en el Estudio realizado por FURNAS y ODEBRECHT.
– Tania Martínez Portugal, Observatorio de Multinacionales en América Latina (OMAL)
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