¿Por qué es importante el Acuerdo de Escazú?
Ayer 5 de noviembre, el senado mexicano decidió por unanimidad la ratificación del Acuerdo de Escazú, constituyéndose así México en el Estado número 11 en ratificarlo; es decir, se alcanzó el número mínimo de ratificaciones para que el Acuerdo Regional sobre el Acceso a la Información, la Participación Pública y el Acceso a la Justicia en Asuntos Ambientales en América Latina y el Caribe, más conocido como Acuerdo de Escazú, tenga plena vigencia.
Pero ¿qué es el Acuerdo de Escazú y por qué es particularmente importante para nuestros países en el contexto actual?
Un acuerdo que protege derechos en problemáticas del medio ambiente
En nuestros países, las problemáticas relacionadas con el medio ambiente, son cada vez más graves, más extendidas y con impactos crecientes, en el campo y las ciudades. Esas problemáticas movilizan a muchos sectores de la población que buscan proteger sus territorios, los bosques, los ecosistemas, áreas protegidas y fuentes básicas para el sostenimiento y la reproducción de la vida, como es el agua.
En medio de esas problemáticas, las personas, grupos y organizaciones que defienden derechos se ven muchas veces expuestos a mayores riesgos a su integridad física y psicológica; experimentan que se debilitan las garantías de sus derechos más básicos. América Latina de manera particular se ha convertido en una región altamente peligrosa para las personas y grupos que protegen y defienden el medio ambiente. En Brasil, Colombia, Honduras, México, Perú y otros países vecinos, las cifras de asesinatos de Defensores y Defensoras de la naturaleza crecen de manera alarmante. Pero no son solo esas situaciones extremas las que preocupan, sino el crecimiento y la escalada de amenazas y vulneraciones a derechos de las personas defensoras de medios de vida vinculados a la preservación del medio ambiente. Así, el hostigamiento, la estigmatización, el desprestigio, la persecución judicial, el acoso administrativo, la destrucción de su organización autónoma… son, entre otras, las prácticas cada vez más frecuentes que autoridades, funcionarios públicos y operadores de empresas extractivas, ejercen contra los defensores y defensoras de la naturaleza.
Los derechos de acceso: acceso a información, participación y justicia
El Acuerdo de Escazú tiene el acierto de proteger de manera particular los derechos de acceso a información, acceso a justicia y derecho de participación en asuntos relacionados con el medio ambiente. Las comunidades y sectores que son impactados por actividades extractivas cada vez hacen mayor conciencia que la vulneración a sus derechos, en estos contextos, arranca con la falta de acceso oportuno a información completa y sólida sobre esas actividades que afectarán sus territorios y su vida social. Igualmente, la falta de acceso a medios y espacios donde se toman decisiones sobre esas actividades, es otro problema raíz en el desencadenamiento de las violaciones a sus derechos. Y, dadas las condiciones de alta conflictividad en los contextos de actividades extractivas, debido también a las asimetrías de poder entre comunidades enfrentadas a empresas y Estados, las garantías de acceso a justicia para las comunidades se reducen considerablemente.
Los países cuyas economías tienen base en actividades extractivas, experimentan graves deterioros de las instituciones que protegen y desarrollan estos derechos de acceso. Así, los medios de comunicación, centros de investigación, instituciones de administración de justicia, instituciones y prácticas de participación de la población en la toma de decisiones sobre asuntos públicos, experimentan rápidamente perjudiciales intervenciones por autoridades públicas y empresas, para coaccionar o debilitar el desarrollo de su rol en la sociedad en favor de los derechos humanos.
Por ello, el Acuerdo de Escazú, al concentrarse en estos 3 derechos, apunta a la raíz de las problemáticas que experimentan las comunidades y toda la sociedad en su conjunto, en contextos dominados por las políticas económicas basadas en extractivismo.
Protección a personas y organizaciones Defensoras de derechos humanos en relación a asuntos del medio ambiente
El artículo 9 del Acuerdo de Escazú tiene una particular relevancia, pues es una de las primeras normas internacionales, con carácter vinculante, que expresamente protege el derecho a defender derechos humanos en relación con problemáticas del medio ambiente.
En la última década, en Bolivia, estas problemáticas vinculadas a la afectación al medio ambiente han sido soterradas por la hegemonía de un discurso gubernamental que, en apariencia, protege la Madre Tierra y los derechos de comunidades indígenas y campesinas. Sin embargo, situaciones de afectaciones extremas como: los incendios de los 2 últimos años en la Chiquitanía, El Chaco y la Amazonía; el conflicto por la carretera atravesando el TIPNIS, incluida la represión de Chaparina; la represión de Takovo Mora; los luctuosos hechos de Arcopongo; la creciente e impune contaminación minera en los ríos amazónicos; la contaminación por minería a las fuentes de agua en ciudades como La Paz; la destrucción del sistema nacional de áreas protegidas, entre muchos otros casos, son evidencia patente de que estamos envueltos en esta aguda problemática en la que se vulneran gravemente derechos de toda la población y conduce, incluso, al deterioro de las instituciones y las prácticas democráticas.
Por ello, la entrada en plena vigencia del Acuerdo de Escazú es un hecho de alta importancia para la región y el país, en la búsqueda de la vigencia plena de los derechos humanos, hecho fundamental para la buena salud de la democracia.
