ONG buscan exenciones fiscales y cambiar ley marco de Morales (Página Siete, 29.2.20)

El experto en consultoría tributaria Marco Mora comentó que el financiamiento externo de estas entidades disminuyó en los últimos años.

Erika Segales / La Paz

Representantes de al menos 70 Organizaciones No Gubernamentales (ONG) analizaron propuestas de políticas tributarias para ese sector,  con el fin plantear un nuevo marco fiscal que les permita acceder a exenciones  impositivas para coadyuvar a la  sostenibilidad de esas instancias.   Además, en consenso, elaboraron un anteproyecto de ley para modificar la norma  351 de Otorgación de Personalidades Jurídicas.

“Analizamos ajustes a las políticas tributarias de manera que se diferencie bien a las instituciones sin fines de lucro para generar nuevas condiciones que permitan obtener una exención impositiva o cualquier tipo de incentivos, y evitar o superar obstáculos del pasado”, señaló la directora de la Unión Nacional de Instituciones para el Trabajo de Acción Social (Unitas), Susana Eróstegui.

Marco Mora,   experto en consultoría tributaria,  explicó que lo que se pretende es que se analicen las normas jurídicas respecto a este tercer sector que no es ni público ni privado, considerando que el financiamiento externo que obtenían disminuyó en los últimos años.

“Lo que planteamos es que tiene que emitirse un criterio normativo que regule el concepto comercial o que lo detalle para poder ejecutar actividades que nosotros consideramos de sostenibilidad. Este sector disminuyó el financiamiento externo, y la pregunta es dónde quedan estas instituciones con todo el conocimiento técnico y la experiencia que  tienen”, expresó.

Asimismo, los representantes de las ONG analizaron la propuesta de modificación de la ley 351 de Otorgación de Personalidades Jurídicas, promulgada el 19 de marzo de 2013 durante el gobierno de Evo Morales.

En  su consideración,  la norma no clarifica la clasificación de las organizaciones sin fines de lucro, además  que hay una restricción que afecta la libertad de asociación, entre otras observaciones.

“Hemos hecho un análisis de una nueva propuesta de ley que modifique la Ley 351 de Personerías Jurídicas (…). Hemos consensuado en los puntos esenciales como el respeto a la libertad de asociación, que no sólo está en la Constitución sino en las convenciones internacionales de Derechos Humanos ratificadas por Bolivia; también está el mantener el rol que tenemos en el desarrollo”, señaló Eróstegui.

La directora de Unitas subrayó que en el Gobierno anterior hubo una intencionalidad de “someter” a este tipo de instituciones, pero ahora se cree que esta situación puede cambiar.

“Tuvimos muchas restricciones en el pasado. Fuimos víctimas de una intencionalidad de controlar y subordinar a las instituciones de desarrollo de derechos humanos. Ahora creemos que estamos en una nueva fase que hay que impulsarla en este diálogo abierto y coordinación con la instancia pública”, dijo.

Eróstegui manifestó que esperan presentar el anteproyecto de ley al Órgano Legislativo el próximo mes.

Las propuestas al marco tributario y jurídico fueron evaluadas en el encuentro “Condiciones propicias para el funcionamiento efectivo de las Organizaciones de la Sociedad Civil en Bolivia-diálogo y consenso”, que contó con la participación del director general de Autonomías, Franklin Santander, y representantes del  Viceministerio de Inversión Pública y Financiamiento Externo, y de Impuestos Nacionales.

Críticas  tras promulgación de la Ley 351

• Defensoría  En junio de 2013, el entonces Defensor del Pueblo Rolando Villena advirtió que la Ley 351 y el Decreto Supremo 1597 facultaban al Gobierno a disolver una ONG o fundación sin argumentar razones y sin autorización judicial y dijo que para reconocer a estas organizaciones éstas debían adaptar en sus estatutos y objetivos los planes gubernamentales de desarrollo.
• HRW En agosto de 2015, la organización Human Rights Watch  dijo que la Ley 351  atentaba contra el derecho de los defensores de derechos humanos a la libertad de asociación.
•  Unitas  En noviembre de 2016, la directora ejecutiva de la red Unitas, Susana Eróstegui, manifestó que la vulnerabilidad de las ONG  era mayor luego de que el  Tribunal Constitucional Plurinacional declaró constitucional la Ley 351 y el DS 1597, a través de un sentencia emitida en diciembre de 2015, sobre la libre asociación de estas organizaciones.
•    Otros  En octubre de 2016, la Apdhb, el Cejis, el   Ceadl  y el Cedib  solicitaron  un pronunciamiento de la CIDH, para salvaguardar el “derecho a la libre asociación” de las organizaciones en Bolivia.