Arce en la ONU apunta a Mesa y Camacho, y habla de racismo (Página Siete, 6.11.19)
Mientras el ministro exponía los logros del Gobierno, en el aeropuerto de El Alto, afines al MAS agredían a los viajeros y sembraban pánico en la terminal.
Beatriz Layme / La Paz
“En un acto incomprensible, el candidato perdedor y un movimiento cívico, formado principalmente a partir del departamento de Santa Cruz de la Sierra, han desconocido abiertamente este resultado y han convocado a una escalada de violencia sin precedentes en mi país”.
Así, ante los representantes de 193 países miembros del Consejo de Derechos Humanos de la Organización de las Naciones Unidas (ONU), el ministro de Justicia, Héctor Arce, acusó a Carlos Mesa y al presidente del Comité Pro Santa Cruz, Luis Fernando Camacho, de la ola de protestas que se da en el país, en medio de denuncias de fraude electoral.
La autoridad afirmó que “por increíble que parezca”, hoy en Bolivia “se está persiguiendo, golpeando, humillando y torturando a personas solamente por el color de su piel y su condición de indígenas”.
La postura de Arce siguió la línea del canciller Diego Pary, quien un día antes (el lunes) ante la Organización de Estados Americanos (OEA), sostuvo que en Bolivia se gesta un golpe de Estado contra el gobierno de Evo Morales y apuntó a Mesa y Camacho.
Para probar esa teoría, Pary presentó dos videos ante el consejo permanente de la OEA. El ministro Arce, en cambio, no pudo hacer lo mismo, dado que la ONU le negó exhibir videos.
Ni Arce ni Pary se refirieron en sus exposiciones a las muertes, por arma de fuego, de Marcelo Terrazas y Mario Salvatierra, quienes fallecieron el 30 de octubre en Montero.
Arce, tras acusar a Mesa y a Camacho, defendió el manejo de los conflictos sociales que se desencadenaron tras el 20-O. Afirmó que el Gobierno fue el que solicitó a la OEA una auditoría integral, “para ver la legitimidad del triunfo de Evo Morales”. Ese trabajo debe concluir el 12 de noviembre, informó.
Mientras Arce en Ginebra rendía el tercer informe del Estado boliviano sobre el Examen Periódico Universal, en Bolivia en el Aeropuerto Internacional de El Alto, grupos afines al MAS, armados con palos, cables y piedras -liderados por Abel Mamani, director ejecutivo del Servicio Nacional de Áreas Protegidas, y Virginia Velasco, directora de Gestión Social-, controlaban, fustigaban a los viajeros y sembraban pánico en esa terminal.
En la sede de Gobierno, por otro lado, mineros hacían explotar dinamita como un modo de respaldo al presidente Morales.
En Ginebra, Arce señaló que “a pesar de todos estos sucesos gravísimos que atentan contra el Estado de Derecho y la institucionalidad en mi país, el Gobierno de Bolivia, respetuoso de los derechos humanos, no está ejerciendo ni ejercerá represión alguna sobre las manifestaciones en extremo violentas”.
Las posturas de los países
Después de su intervención, los diplomáticos de diferentes países tomaron la palabra y realizaron diferentes recomendaciones al Ejecutivo.
Portugal expresó su preocupación porque varios informes señalan que las fuerzas del orden “han recurrido a una fuerza excesiva y han realizado detenciones arbitrarias y por ello recomendó a Bolivia realizar una investigación independiente e imparcial de los casos.
Rusia también hizo referencia a los conflictos sociales que se viven en Bolivia e instó a todas las fuerzas políticas a “resolver los desacuerdos actuales a través del diálogo y la cooperación basándose en el Estado de Derecho”, y señaló que la comunidad internacional “debe ayudar de manera constructiva” respetando la soberanía del país.
La representación de ese país agregó que “no duda” de la voluntad del Gobierno ni de los organismos oficiales “que se encargan de ultimar adecuadamente el proceso electoral”.
España también expresó su “profunda preocupación” por la situación y respaldó la auditoría que realiza la Organización de Estados Americanos, “en la esperanza de que pueda ser una vía para reconstituir la credibilidad del proceso electoral”.
A su turno, el delegado de Estados Unidos pidió que se respete el resultado de la auditoría para saber si los comicios del 20 de octubre fueron transparentes.
“Para restablecer la fe en las elecciones bolivianas, aplicar reformas para reforzar el procedimiento electoral, aumente la transparencia y garantice la independencia de las autoridades electorales, Bolivia debería consultar a la sociedad civil, la OEA y la comunidad internacional sobre estas reformas”, manifestó el representante de Estados Unidos.
Observan a Bolivia en materia de derechos de indígenas, defensores de DDHH y mujeres
Los países miembros del Consejo de Derechos Humanos de la ONU expresaron su preocupación sobre la situación de los pueblos indígenas, los defensores de derechos humanos y las mujeres de Bolivia.
Ayer, el ministro de Justicia, Héctor Arce, rindió el tercer informe de Bolivia sobre el Examen Periódico Universal y destacó los proyectos que ejecutó el Gobierno en defensa de los derechos humanos.
Al concluir su informe, 91 países hicieron recomendaciones a Bolivia en relación a la situación de derechos humanos de pueblos indígenas y quienes abogan por sus derechos.
Suecia recomendó la revisión de la Ley 351 y el Decreto Supremo 1597 que restringen los derechos de la sociedad civil a la reunión y asociación pacíficas. Pidió que los defensores de derechos humanos y ambientales, incluidos los críticos con el Gobierno, puedan realizar sus actividades sin in timidación, reportó Rimay Pampa.
República Checa insistió en las recomendaciones del ciclo pasado relacionadas con la protección al trabajo de periodistas, defensores de derechos humanos, pueblos indígenas y la ONG Alianza por los Derechos Humanos y el Medio Ambiente.
La representante de Suiza, por su parte, recomendó “crear mecanismos que luchen contra la violencia hacia la mujer y garantizar que haya medios financieros y personal suficiente”.
