Indígenas y activistas denuncian a Morales ante la ONU por incendios, extractivismo y omisión de consulta (Brújula digital, 09.10.19)
Brújula Digital|08|10|19|
La sociedad civil boliviana que integra a pueblos indígenas e instituciones defensoras de Derechos Humanos de Bolivia, denunció este martes ante la Organización de Naciones Unidas (ONU) al Gobierno de Evo Morales, por llevar adelante un modelo del agronegocio y ganadería que provocó este año la deforestación e incendios forestales sobre más de cinco millones de hectáreas de bosques en la Amazonía, promover actividades extractivistas en Áreas Protegidas (AP) e incumplir con la consulta previa, libre a informada a indígenas en ocho casos emblemáticos, según reporte de la Agencia de Noticias Fides (ANF).
En audiencia instalada en el Palacio de las Naciones Unidas en Ginebra -Suiza, que se constituye en la pre-evaluación de Bolivia a un mes de su Examen Periódico Universidad (EPU) ante la ONU, Ruth Alipaz Cuqui, líder indígena de la comunidad amazónica de San José de Uchupiamonas, fue la encargada de dar lectura al informe elaborado por la Alianza por los Derechos Humanos y el Medio Ambiente, coalición de 50 organizaciones defensoras y la Coordinadora Nacional de Defensa de Territorios Indígenas, Originarios Campesinas y Áreas Protegidas de Bolivia (Contiocap).
Alipaz señaló que el Estado boliviano señala que logró importantes avances en el reconocimiento constitucional de los derechos al medio ambiente saludable y el respeto de los derechos de los pueblos indígenas, pero que la realidad contradice la norma.
Indicó que, en la actualidad 28 millones de hectáreas, que representa el 25% del territorio de mi país (Bolivia), han sido reservadas para exploración y explotación hidrocarburífera. Esto compromete al 38% de los territorios indígenas titulados, poniendo en riesgo de exterminio a los pueblos.
«Necesitamos de su apoyo para mejorar esta situación y que no sea invisibilizada por nuestro Estado; especialmente en la comunidad internacional. Para ello aportamos la siguiente evidencia de incumplimiento de las obligaciones internacionales, en base a 23 casos emblemáticos entre los que destacamos Tipnis, El Chepete-Bala, Rositas, Tariquía y ahora Chiquitanía», sostuvo.
Sostuvo que las disposiciones constitucionales de protección y conservación del medio ambiente son incumplidas por normas que promueven actividades extractivas como la Ley minera 535 de 2014 y el Decreto Supremo 2366 de 2015, que permite realizar actividades hidrocarburíferas dentro de las áreas protegidas y los territorios indígenas.
Alípaz solicitó a los Estados miembros de la ONU que consideren algunas recomendaciones para Bolivia, como la implementación del acuerdo de Escazú, la derogación de la Ley 535 y los decretos supremos 2366 y 2992.
Solicitó impulsar estudios que determinen el efecto de la contaminación minera por metales pesados y mercurio en la salud de las personas y pueblos expuestos; ajustar el marco jurídico sectorial minero e hidrocarburífero de acuerdo al convenio 169 de la Organización Internacional del Trabajo, así como la derogación de la Ley 979 que permite la construcción de una carretera por el Tipnis.
