Indígenas denuncian a Evo ante la ONU por incendios y normas pro chaqueo (Página Siete, 09-10-19)
La líder de San José de Uchupiamonas, Ruth Alípaz, dijo que el modelo de agronegocio y ganadería causó la deforestación de 5 millones de ha de bosques. Fue uno de los informes más contundentes, según el Cedib.
Verónica Zapana S. / La Paz
Indígenas de Bolivia denunciaron ayer ante la Organización de Naciones Unidas (ONU) al gobierno del presidente Evo Morales por llevar adelante un modelo económico de agronegocio y ganadería, que ha ocasionado deforestación e incendios, que ya arrasaron más de cinco millones de hectáreas de bosques en la Amazonia boliviana. Solicitaron al organismo que recomiende la derogación de normas en favor del chaqueo.
“Hemos presentado el informe ante las misiones permanentes, que son las representaciones de los Estados miembros de la ONU, para que conozcan la realidad de Bolivia y luego den recomendaciones al país para que proteja el medioambiente de actividades altamente contaminantes, que actualmente se realizan”, dijo a Página Siete el investigador y ciencia política del Centro de Documentación e Información Bolivia (Cedib) Marco Gandarillas.
Resaltó que es la primera vez que se realiza una denuncia “tan contundente sobre la temática del medio ambiente” en la pre sesión del Examen Periódico Universal (EPU), ya que en dos anteriores audiencias no se abordó sobre este tema.
En su discurso ante la audiencia instalada en el Palacio de las Naciones Unidas en Ginebra (Suiza), la líder indígena de la comunidad amazónica de San José de Uchupiamonas, Ruth Alípaz, presentó la denuncia. “Como mujer indígena, tengo la responsabilidad de hacerles conocer que las políticas económicas para promover el agronegocio y ganadería están ocasionando la deforestación e incendio de más de cinco millones de hectáreas de bosques de la Amazonia boliviana”, dijo.
Gandarillas sostuvo que los incendios que se registraron por 70 días en la Chiquitania afectaron no sólo al medioambiente, sino a la población, “ya que no ejercieron el pleno disfrute de los derechos humanos porque fruto de estas quemas se enfermaron, no tienen agua ni alimentos”.
Indicó que se solicitó a la ONU que recomiende al Estado boliviano que “se revise, modifique o abrogue normas como el Decreto Supremo 3973 (que avala el chaqueo controlado en Beni y Santa Cruz)”.
Aseguró que los indígenas no sólo denunciaron sobre los incendios, sino también sobre la vulneración de derechos del medioambiente.
Alípaz -representante de la coalición de 50 organizaciones defensoras y la Coordinadora Nacional de Defensa de Territorios Indígenas, Originarios Campesinas y Áreas Protegidas de Bolivia Contiocap- resaltó que hay “28 millones de hectáreas, que representan el 25% del territorio de Bolivia, que fueron reservadas para exploración y explotación hidrocarburífera”. “Esto compromete al 38% de los territorios indígenas titulados, poniendo en riesgo de exterminio a nuestros pueblos”, lamentó.
Destacó que no niega que el Estado boliviano tuvo avances, como la existencia de un reconocimiento constitucional de los derechos al medioambiente saludable y el respeto de los derechos de los pueblos indígenas, incluso recientemente se ha ratificado mediante Ley 1182 del 3 junio de 2019 el Acuerdo de Escazú. Pero -aseguró- el Gobierno no da cumplimiento a esas normas.
Según Alípaz, la gravedad de la situación radica en que no guarda relación con las recomendaciones que Bolivia ha recibido en los dos anteriores ciclos de evaluación (2010-2014).
En ese marco, Alípaz solicitó ante la ONU su apoyo. “Para mejorar esta situación y no sea invisibilizada por el Estado; especialmente en la comunidad internacional”, dijo. Añadió que las disposiciones constitucionales de protección y conservación del medioambiente son incumplidas por normas que promueven actividades extractivas dentro de áreas protegidas y territorios indígenas.
Gandarillas resaltó que la evaluación al Estado boliviano se realizará la primera semana de noviembre y los resultados se darán a conocer en febrero del 2020. “Puede aceptar algunas recomendaciones y otras no. Eso es voluntario”, puntualizó
Eso sí -aclaró- que Bolivia estará en la mira del resto de los países. “La sociedad civil también presionará”, sostuvo.
