China se compromete a desarrollar proyectos con respeto a los DDHH y el medioambiente (Página Siete, )
Es una de las recomendaciones que el gigante asiático aceptó y que fue propuesto por el Cedib en el Examen Periódico Universal de China.
Página Siete Digital / La Paz
La República Popular de China acogió 284 de 346 recomendaciones hacia su política de inversiones en el extranjero, que fueron sugeridas por decenas de países en el marco de su tercer Examen Periódico Universal (EPU), realizado el pasado 15 de marzo en Ginebra ante el Consejo de Derechos Humanos de las Naciones Unidas.
Entre las organizaciones que profirieron las recomendaciones se encuentra el Centro de Documentación e Información de Bolivia (Cedib), que demandó al gigante asiático promover sus proyectos de desarrollo e infraestructuras en compatibilidad con los derechos humanos y el medioambiente.
“China aceptó las recomendaciones que un conjunto de organizaciones latinoamericanas, miembros del Colectivo Sobre Inversiones y Financiamiento de China (CICDHA), al que pertenece el Cedib, le hicimos en el marco del Examen Periódico Universal de octubre del año pasado”, destacó el director ejecutivo del Cedib, Marco Antonio Gandarillas.
El año pasado, CICDHA presentó a la Oficina del Alto Comisionado del Consejo de Derechos Humanos de las Naciones Unidas, con otras 17 ONG latinoamericanas, un informe que examina 18 proyectos que cuentan con participación china en Ecuador, Perú, Bolivia, Brasil y Argentina.
El reporte concluyó que las compañías y bancos chinos han violado sistemáticamente varios derechos protegidos por la Declaración Universal de Derechos Humanos y otros instrumentos de las Naciones Unidas.
Según Gandarillas, entre las recomendaciones aceptadas por China están: “Promover medidas que garanticen que los proyectos de desarrollo e infraestructuras dentro y fuera de su territorio sean plenamente compatibles con los derechos humanos y respetuosos con el medio ambiente y la sostenibilidad de los recursos naturales, de conformidad con el derecho nacional e internacional aplicable y con los compromisos de la Agenda 2030 para el Desarrollo Sostenible”.
También el “considerar la posibilidad de establecer un marco jurídico para garantizar que las actividades realizadas por las industrias sujetas a su jurisdicción no menoscaben los derechos humanos en el extranjero”.
“Todo esto da cuenta de un clamor global que reclama a China que respete los derechos de las comunidades locales y de la naturaleza; y aún más, que desista de los grandes proyectos que solamente benefician a sus promotores”, declaró Gandarillas.
Según un boletín de prensa del CICDHA, en la sesión de adopción del informe del EPU, la delegación china expresó que su apertura a recibir dichas recomendaciones “demuestra completamente la determinación china y su actitud abierta y activa hacia la promoción y protección de los derechos humanos”.
El EPU es una oportunidad para evaluar, cada cuatro años y medio, el comportamiento de cada Estado miembro de las Naciones Unidas en materia de derechos humanos. Aunque este no es el primer EPU para China, la respuesta de la nación asiática frente a las recomendaciones orientadas a evitar violaciones de derechos humanos en el marco de sus inversiones en el extranjero, constituye un hecho sin precedentes.
Desde principios del milenio, el Estado chino ha puesto a funcionar una potente maquinaria diplomática y financiera para capturar proyectos extractivos y de construcción de infraestructura en todo el mundo. Así, en América Latina y el Caribe, los bancos y las empresas chinas se han convertido en actores determinantes para el goce de derechos humanos de grandes grupos sociales, ya que han facilitado el financiamiento y han construido cientos de proyectos mineros, petroleros, hídricos, y de infraestructura de transporte, muchos de los cuales han causado graves daños ambientales y sociales a miles de personas.
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