Hostigamiento, criminalización y cosas peores (P)
La CIDH recibió información, escrita y verbal, sobre la depresión de los derechos humanos en el país. Su presencia promovió movilizaciones, escribe Marco Antonio Gandarillas.
https://www.paginasiete.bo/ideas/2019/3/17/hostigamiento-criminalizacion-cosas-peores-211968.html
Marco Antonio Gandarillas Investigador del CEDIB, responsable de incidencia política
Hace muy poco se hizo presente en el país, a invitación del gobierno, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) en el marco del 171 periodo de sesiones. Un mecanismo por el que este organismo regional se acerca a la realidad y problemáticas de derechos humanos de los diferentes países miembros de la Organización de Estados Americanos (OEA). Su sola llegada promovió un escenario de movilización ciudadana y ejercicio de derechos, como el de protesta pacífica, que son cotidianamente restringidos en, por ejemplo, la plaza Murillo, donde la Policía impide todo tipo de manifestación crítica al Gobierno.
Mientras la CIDH sesionaba, las plataformas ciudadanas en defensa del voto se trasladaron a Sucre y, allí mismo –frente al hotel en el que se hospedaban los comisionados y miembros de la CIDH– expresaron públicamente su rechazo a la habilitación de Evo Morales. Simultáneamente, las comunidades campesinas se movilizaron en la reserva de flora y fauna Tariquía ante el anuncio de inicio de actividades exploratorias de Petrobras. Asimismo, partieron rumbo a La Paz, desde Chuquisaca, un centenar de comunarios de Quila Quila en demanda de la titulación de su territorio ancestral.
Sorprendentemente, ninguna de estas movilizaciones sufrió interferencias indeseadas del Gobierno o militantes del MAS que hasta la víspera habían amenazado confrontar cualquier manifestación con “policía sindical”.
Sostenemos que la sola presencia de la CIDH promovió un escenario de reestablecimiento de elementales derechos.
Por regla diplomática, la CIDH no emite ningún pronunciamiento sobre la situación del país anfitrión, de modo que, a pesar de los encuentros con la sociedad civil y las víctimas de violaciones de derechos humanos, aún así recibió abundante información, escrita y verbal, sobre la depresión de los derechos humanos en el país.
En el marco de la audiencia pública, fueron especialmente notables las intervenciones de representantes de territorios afectados por actividades extractivas y megaproyectos impulsados por el Gobierno que expusieron la continua violación de sus derechos, entre otros, a la consulta previa.
Los testimonios de víctimas de violencia sexual hacia la niñez, o las de persecución política impactaron a la audiencia. Conocer la situación de estas últimas es especialmente importante para evaluar el desempeño del Estado como garante y responsable de los derechos humanos de quienes disienten.
La situación en Bolivia no se acerca todavía a la de Venezuela, es algo que se escucha decir a menudo como una forma de consuelo. Sin embargo, quizás sea necesario entender las similitudes y diferencias de la crisis de derechos humanos en la región para poder mejorar la comprensión de nuestra propia crisis y las preocupantes tendencias del comportamiento represivo estatal.
Empecemos por la situación regional. En los países no democráticos, como Venezuela y Nicaragua –sobre este último la propia OEA ha demandado la aplicación de la Carta Democrática Interamericana– desde el inicio de la crisis, los muertos se cuentan por centenas y el número y tipo de violaciones van desde restricciones abiertas al trabajo de la prensa hasta ejecuciones extrajudiciales.
Las prácticas estatales de persecución política son metódicas, lo que ha provocado un número muy alto de exilios (existen más de 600 personas exiliadas en Costa Rica). Se trata de dictaduras en las que la ruptura institucional es total.
La situación de derechos humanos en los países democráticos es, por otro lado, muy alarmante. En Brasil, Colombia y Perú, países miembros del grupo de Lima, existe una práctica de criminalización y asesinato a defensores de derechos humanos. De acuerdo con Global Witness, Brasil es el país en que más defensores se asesinan, en 2016 tuvo el récord mundial de 49 asesinatos, seguido de cerca por Colombia con 37 víctimas ese año.
En estos casos, los Estados incumplen su deber de proteger a los defensores en riesgo, no investigan las agresiones y con la impunidad que ello genera, promueven un circulo vicioso de violencia que hace que las cifras no hagan sino incrementarse continuamente.
La Defensoría del Pueblo de Colombia informó que en 2018 asesinaron a 172 líderes sociales, un promedio de un asesinato cada 48 horas, lo que resulta verdaderamente escandaloso.
En este contexto, la pregunta es ¿cómo caracterizar la situación boliviana? Es evidente que, a diferencia de los países mencionados, no existen prácticas sistemáticas de asesinato, lo que no significa que no se tengan otros métodos orientados a acallar las críticas y derruir los contrapesos políticos y sociales. Los ataques a la prensa independiente son incesantes y la asfixia financiera a la que son sometidos se asemejan a las prácticas de los países no democráticos.
Las restricciones al accionar de las organizaciones de la sociedad civil son severas y las descalificaciones a su trabajo el pan de cada día, lo que guarda relación con los Estados más represores.
El Gobierno, a través de la estigmatización, denominando a todo medio, periodista u ONG crítica de “opositor/a” “agente extranjero”, etcétera , limita el ejercicio de la libertad de expresión y asociación de sus críticos.
En efecto, en Bolivia disentir políticamente puede conllevar la pérdida completa de derechos. Existen preocupantes casos de persecución política que abarcan un espectro amplio de personalidades. A continuación señalaremos algunos de los más emblemáticos y los patrones.
La oleada represiva se inició contra los líderes cívicos de Santa Cruz, a los que el Gobierno tildó en su momento de “opositores de derecha”. Svonko Matkovic, hijo del líder cívico cruceño que fue acusado sin pruebas del caso terrorismo y encarcelado ocho años sin sentencia, a la fecha continúa en detención domiciliaria con restricciones a sus derechos fundamentales.
Gary Prado, general retirado del Ejército, a pesar de su avanzada edad y su delicado estado de salud, estuvo preso varios años sin sentencia. Así como ellos, otros imputados del denominado caso terrorismo permanecen presos sin sentencia y más de una decena están exiliados.
El exfiscal Marcelo Sosa, que los vinculó con el caso, se encuentra también exiliado en Brasil tras denunciar persecución política del Gobierno.
Para conseguir controlar las entidades institucionalizadas, fue muy importante amedrentar y procesar a sus máximas autoridades. Es el caso de José María Bacovic (74 años), expresidente del Servicio Nacional de Caminos, que desde su destitución hasta su muerte (2013) fue objeto de una cruel persecución judicial (72 juicios en siete departamentos).
Las denuncias de corrupción también se persiguen. El exsenador Roger Pinto, acosado por más de 20 procesos en su contra, tuvo que vivir 15 meses acogido en la embajada de Brasil como refugiado político, situación de la que solo pudo huir gracias a la ayuda humanitaria del embajador nombrado y destituido por Lula.
A esta categoría pertenecen otros exfuncionarios y militantes del gobierno. Marco Antonio Araníbar, exdirector del Fondo Indígena (Fondioc), que denunció las irregularidades de las autoridades y líderes sociales que manejaban esa instancia en la que se malversaron aproximadamente 545 millones de dólares, guarda detención preventiva por cerca de cuatro años y enfrenta 250 procesos judiciales.
Elvira Parra, exdirectora del Fondioc, está también presa por casi cuatro años sin sentencia, enfrentando 15 procesos penales.
La disidencia interna resultó severamente castigada. Uno de los casos más conmovedores es el de Walberto Cusi, exmagistrado del Tribunal Constitucional, que además de ser destituido en sesiones de la Asamblea Legislativa a las que asistía severamente decaído (con máscara de oxígeno y suero) pagó muy caro el haber realizado observaciones a una norma inconstitucional remitida por el gobierno.
Además fue víctima de escarnio público al ser revelada –por el ministro de Salud– la enfermedad que padece, lo que el mismo ha calificado como “muerte en vida”. Desde entonces está desempleado, sin los medios para cuidar de su madre anciana.
A Rebeca Delgado y Eduardo Maldonado Iporre, exdiputada/o del MAS entre 2010-2014, llamados “librepensantes” –por oponerse al proyecto de ley de exvinculación de bienes que a sola imputación permitía que las autoridades expropien los bienes de los acusados– se les impidió ejercer su derechos políticos.
En 2018, el Comité de Derechos Humanos del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos de la Organización de Naciones Unidas (ONU), ordenó al Gobierno boliviano el pago de resarcimiento económico por haber violado los derechos políticos y cívicos de ambos.
Los periodistas Wilson García y Carlos Valverde salieron del país poco después del referéndum de 2016. El primero denunció persecución del ministro Quintana, quien le inició un proceso penal por sedición. Carlos Valverde estuvo en Argentina temiendo represalias del Gobierno por la difusión del certificado de nacimiento del hijo del presidente en medio del escándalo Zapata, expareja y alta funcionaria de la empresa china CAMC que tenía contratos millonarios con el Estado.
En ese contexto, la mayor víctima de persecución fue Eduardo León, abogado defensor de la expareja del presidente. A éste le retiraron el título profesional bajo una acusación de falsificación de la libreta de servicio militar, impidiéndole ejercer, desde entonces, su derecho al trabajo. Le iniciaron otras causas y lo detuvieron preventivamente en la cárcel de San Pedro durante 343 días.
Varios líderes sociales, especialmente indígenas críticos al Gobierno, también han sufrido persecusión política. El extata del Conamaq y actual diputado Rafael Quispe, además de haber sido golpeado en más de una oportunidad sin que se investigara y diera con los responsables, enfrenta un juicio por acoso político presentado por la excandidata a gobernadora del MAS en La Paz, juicio por el que a menudo y a pesar de su investidura resulta apresado.
En el marco del caso Fondioc, los máximos líderes de las organizaciones indígenas rebeldes, CIDOB y Conamaq, que habían participado y apoyado la marcha del TIPNIS, Adolfo Chavez y Félix Becerra, fueron implicados, sin pruebas en denuncias de malversación.
Becerra, a pesar de presentarse voluntariamente a declarar, confiado de su inocencia, estuvo preso dos años, entre noviembre de 2015 y noviembre de 2017, hasta que le dieron detención preventiva, situación en la que permanece hasta la fecha.
Adolfo Chávez, máximo líder de la CIDOB, tuvo que salir del país también en 2015, denunciando que no existían garantías para que sea juzgado en libertad y con independencia.
El caso de Guadalupe Cárdenas, dirigente de las esposas de policías, es demencial. Fue condenada a dos años de prisión por el delito de instigación pública a delinquir luego que difundiera, a través de su cuenta de Facebook, un mensaje grabado llamando a rebelarse contra el Gobierno por incumplir los resultados del 21F. Estuvo presa, con detención preventiva, por cerca de los dos años que posteriormente estableció la sentencia.
En el último año han destacado los casos de Achacachi y La Asunta. El líder cívico del municipio altiplánico Elsner Larrazábal se encuentra desde abril de 2018 exiliado en Perú, país que le concedió el estatus de refugiado político.
Por su parte, Franklin Gutierrez, líder de Adepcoca, fue acusado y se encuentra más de seis meses con detención preventiva sin que se haya podido comprobar su participación en los hechos ocurridos el 24 de agosto.
Finalmente, el periodista Raúl Peñaranda, director del portal de noticias Brújula Digital, enfrenta un proceso penal interpuesto por la mayor empresa pública de telecomunicaciones del país, ENTEL.
El periodista, exdirector de Página Siete y ANF, medios tildados de opositores, ha señalado que este proceso es otro intento de amedrentarlo. En éste, como en los demás casos, con la persona se amedrenta al sector.
¿Qué muestran todos estos casos emblemáticos? En principio, que la detención preventiva se aplica de forma indiscriminada para castigar a los perseguidos y escarmentar a sus allegados. Se emplea la persecución como un medio de intimidación y desbaratamiento de la organización no estatal.
Los procesos judiciales, cuando se inician, demoran años, tiempo en el que los imputados permanecen privados de sus derechos. Responder ante tantos procesos simultáneamente supone una enorme erogación económica y gran desgaste físico y emocional, por eso muchos de ellos y ellas terminan enfermos y hasta muertos.
La cárcel empobrece a los más pobres y a sus familias. El exilio, usado para evitar la cárcel, es un doble castigo. En todos los casos, la falta de independencia judicial expresada en la ausencia de debido proceso determina la completa indefensión de las víctimas.
En la última visita país (2009), la CIDH elevó recomendaciones referidas a las garantías de independencia judicial, entre otras: implementar de manera definitiva y permanente la carrera fiscal de acuerdo a reglamento y procedimientos de designación de fiscales con base en méritos y la acreditación progresiva de conocimientos (CIDH Informe país 2009, párrafo 75).
El último fiscal fue exfuncionario del Gobierno, es decir alguien allegado, razón por la que podemos afirmar que la situación observada por la CIDH persiste.
En Venezuela, organizaciones de sociedad civil, han evidenciado, desde 2014 “…cómo se dio origen a un régimen de represión política en ascendencia, mediante acciones que se pueden clasificar en ocho patrones específicos de persecución, a saber: i) apertura de procedimientos judiciales; ii) persecución a través de medios de comunicación; iii) destitución de cargos públicos a políticos disidentes (ahora destitución de cargos); iv) allanamientos irregulares a la propiedad privada; v) allanamiento a la inmunidad parlamentaria; vi) inhabilitación política; vii) usurpación de las funciones públicas; y viii) aquiescencias de actos violentos en contra de dirigentes políticos (ahora aquiescencias de actos violentos); todas estas violatorias a los derechos humanos.” (CEPAZ 2014).
Algunos de estos patrones, como se ha visto, guardan relación con la situación boliviana.
A modo de cierre. El mayor problema de los y las disidentes en Bolivia es que la institucionalidad garante de sus derechos, es la que más los restringe y vulnera. Los patrones de abuso de poder incluyen la descalificación pública, en el último tiempo los actos de fiscalización del poder son tildados como actos racismo, delito tipificado por la ley 045. Las personas señaladas como opositoras, son objeto de prácticas sistemáticas de persecusión y represión selectiva.
Situación que tiende a profundizarse en el actual contexto electoralizado y sobre el que urge tomar medidas de protección en el orden del sistema interamericano y universal.
