Inversiones chinas en Bolivia: informe denuncia daños ambientales en territorio indígena (Mongabay Latam,12.12.18)
- Los problemas corresponden al proyecto de exploración de hidrocarburos en Nueva Esperanza, ejecutado por empresa china BGP Bolivia en territorio del pueblo Tacana.
- Incumplimiento de compromisos, daños a recursos como la castaña y riesgo para pueblos indígenas no contactados se reportan en el informe presentado ante Naciones Unidas.
En abril de 2015, la empresa estatal Yacimientos Petrolíferos Fiscales Bolivianos (YPFB) concretó la adjudicación de tres proyectos de exploración sísmica para la búsqueda de hidrocarburos en la Amazonía boliviana por un valor de 100 millones de dólares.
Uno de ellos fue el proyecto Nueva Esperanza, que la empresa china BGP Bolivia, filial de la empresa estatal China National Petroleum Corporation (CNPC), ejecutó en la cuenca del río Madre de Dios, dentro del territorio indígena de los Tacana, con una inversión de 57 millones de dólares.
El pueblo indígena Tacana aprobó este proyecto bajo una serie de condiciones que asegurasen el menor impacto en sus bosques y biodiversidad, así como la protección de los pueblos indígenas en aislamiento voluntario que habitan ese territorio.
Sin embargo, durante la ejecución del mismo, se presentaron varias denuncias por incumplimiento de estos compromisos, daño ambiental y persecución judicial contra los indígenas, según reveló el informe Impactos de empresas chinas en los Derechos Humanos y el Ambiente en América Latina, elaborado por la Federación Internacional de Derechos Humanos (FIDH).
Los problemas con la castaña
Adamo Diego Cusi, coordinador de Monitoreo Social Ambiental del pueblo Tacana, contó a Mongabay Latam cómo BGP Bolivia fue incumpliendo los compromisos que había adquirido con el pueblo indígena.
Pocos meses después de iniciado el proyecto se presentaron los primeros problemas. El primer impase surgió cuando BGP Bolivia informó que no era posible realizar la sísmica con los estándares ambientales establecidos en el contrato, es decir, sin que las explosiones afectaran uno de los principales recursos del pueblo Tacana y su mayor fuente de ingresos: la castaña.
El compromiso era evitar daños en los árboles de castaña y respetar un área de protección de 40 metros de diámetro alrededor de estas plantas para hacer las detonaciones, además de no afectar las fuentes de agua, no cazar ni pescar dentro del territorio.
Otro problema significó la presencia de 1500 trabajadores distribuidos en un campamento base, ocho campamentos fijos y 200 campamentos móviles, además de la instalación de 200 helipuertos para transportar personal, equipo y maquinaria.
Esta ocupación desmedida del territorio ha dejado árboles de castaña mutilados; las fuentes de agua fueron utilizadas pese a que el compromiso era no hacerlo; los trabajadores de la empresa china que recurrieron a la caza y a la pesca. Los animales de monte huyeron de la zona; los ríos y arroyos perdieron su caudal y los peces han desaparecido, señala el documento.
Mongabay Latam se comunicó con la empresa BGP Bolivia y se envió la consulta por escrito mediante correo electrónico como solicitó la empresa. Sin embargo, hasta el cierre de esta edición la compañía no respondió nuestra solicitud para dar su versión de lo sucedido.
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Tras las huellas del pueblo Toromona
Los reclamos de los monitores indígenas sobre lo que sucedía en su territorio ocasionó enfrentamientos con los trabajadores de la empresa. Primero fueron agresiones, luego dejarlos sin alimentos y sin transporte aéreo para acceder a la zona de la sísmica. El problema se agudizó cuando se descubrió que la empresa ocultaba información y evidencias sobre la presencia de un pueblo en aislamiento en la zona de exploración.
En la zona donde se realizaba la exploración había indicios de la presencia del pueblo indígena en aislamiento y contacto inicial Toromona, por tanto, la empresa estaba obligada a informar a su personal sobre la posible presencia de los no contactados y en caso de que se existiese alguna forma de acercamiento, los trabajadores de la empresa china debían desplazarse hacia otro sector.
A mediados del año 2016 se presentaron incidentes que demostraban la presión sobre el pueblo Toromona. Huellas, robo de víveres e incendios ocurrieron cerca de los campamentos. Incluso hubo tres ocasiones en que los trabajadores de BGP Bolivia fueron rodeados por indígenas no contactados, según reportó la misma empresa china. Los Tacana salieron en defensa de los Toromona. Hubo movilizaciones y protestas que obligaron a la empresa a suspender sus operaciones.
Un artículo publicado en setiembre de 2016 en el portal Los Tiempos da cuenta de lo que sucedió con el pueblo Toromona. Según esta publicación, “reportes de la Central de Comunidades Indígenas Tacana II Río Madre de Dios, la empresa PBG Bolivia SRL y la petrolera estatal YPFB, fechados entre el 12 y 19 de septiembre, informan sobre las primeras señales de la presencia de presuntos indígenas no contactados en la zona del Proyecto Adquisición Sísmica 2D de la Cuenca Madre de Dios del Área Nueva Esperanza”.
El medio también señala que, desde el 12 de setiembre, BGP Bolivia inició el repliegue de los grupos de trabajo de esta zona, “primero de manera preventiva, pero luego se ejecutó con más contundencia esa medida”, explica la publicación.
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Denuncias contra los monitores ambientales
Adamo asegura que vivió personalmente la criminalización tras ser denunciado por la compañía luego de que expusiera cuáles habían sido los efectos de la exploración sísmica en el norte de la Amazonía del departamento de La Paz. Se acusó de incentivar las protestas y se ordenó su captura. “Estuve prácticamente dos meses escondido”, comenta Adamo sobre la persecución legal en la que se vio envuelto hacia fines de 2016, de la que luego fue liberado por la misma empresa que lo inculpó.
La criminalización fue usada como medio de presión para conseguir que se les permitiera dejar la zona sin cumplir con las remediaciones ambientales, además de evitar que los monitores indígenas continuaran con la fiscalización, indica el informe.
“Las empresas chinas operan en un contexto que llamamos de impunidad”, dice Marco Antonio Gandarillas, investigador responsable de Incidencia Política del Centro de Documentación e Información de Bolivia (CEDIB) para referirse a los compromisos incumplidos por este y otros proyectos en los que operan empresas chinas o compañías con capitales del país asiático.
Gandarillas se refiere a este caso como el proyecto más ambicioso de exploración petrolera en la Amazonía boliviana, que se ejecutó sobre 1008 kilómetros cuadrados. “Es uno de los más grandes y de mayor envergadura en la selva de Bolivia, en una zona bien conservada y ubicada entre dos áreas protegidas, el Parque Nacional Madidi y la Reserva de biosfera Pilón Lajas”.
Este caso, junto con otros 18 ejemplos de violaciones de derechos humanos y ambientales cometidos por empresas chinas en Latinoamérica, fue presentado ante la Organización de las Naciones Unidas (ONU), durante la sesión paralela realizada en octubre como paso previo al Examen Periódico Universal (EPU). Esta evaluación la realiza cada año el Consejo de Derechos Humanos de la ONU a todos los países miembros para saber cómo van en materia de derechos humanos.
En la sesión del 6 de noviembre en la ONU, fecha en la que se realizó la evaluación al país asiático, el organismo internacional adoptó algunas de las recomendaciones llevadas por los países Latinoamericanos, específicamente las de Ecuador y Perú.
Una de ellas, presentada por Ecuador, señala que se deben promover medidas que garanticen que los proyectos de desarrollo e infraestructura dentro y fuera del territorio sean plenamente compatibles con el respeto de los derechos humanos, del medio ambiente y la sostenibilidad de los recursos naturales.
La segunda recomendación, presentada por las organizaciones peruanas, señala la necesidad de que China tenga un marco legal de derechos humanos para que sus empresas o en las que el Estado participe, no vulneren estos derechos fuera de sus fronteras, es decir, en el extranjero.
Ante la ONU, la delegación china destacó su compromiso para desarrollar una agenda de derechos humanos. Declararon también que harán todos los esfuerzos para acoger las recomendaciones de los países miembros; sin embargo, advirtieron que algunas de ellas no serían aceptadas en tanto no estén alineadas con sus políticas nacionales.
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La presencia china en la economía de Bolivia
El caso de Nueva Esperanza no es el único que ha despertado la alarma sobre las inversiones chinas. Marco Gandarillas señala que, si bien solo el 4 % de las empresas proveedoras del Estado son chinas, estas se han adjudicado los contratos más grandes. “Se trata de relaciones altamente tóxicas porque reciben fondos públicos en la mayoría de los casos de manera directa y realizan sus operaciones sin respetar los derechos humanos”.
Gandarillas explica que actualmente diez grandes proyectos de Bolivia en manos chinas corresponden al 26 % del presupuesto total de la inversión del país y recordó también que se han presentado varios casos de incumplimiento de contrato por parte de estas compañías.
Actualmente, la República Popular China es el principal socio comercial de Bolivia. Ya en el 2015, el país asiático tenía inversiones que superaban los 3000 millones de dólares, además de un préstamo de 7000 millones de dólares anunciado por el presidente de Bolivia, Evo Morales, fondos que serían destinados a obras de infraestructura.
Esta relación estratégica entre ambos países se ha reforzado con la última visita del presidente boliviano a China. El encuentro de los mandatarios sirvió para sellar la relación con la firma de un memorando de cooperación y varios acuerdos comerciales y financieros, entre ellos el de exportación de café y quinua bolivianos hacia China y el compromiso de un crédito del Banco de Exportación e Importación de China (Eximbank) para Bolivia.
Jorge Campanini, responsable de Medio Ambiente del CEDIB menciona otros casos de inversiones asiáticas que deben llamar la atención como la hidroeléctrica de Rositas, actualmente paralizada, pero que tiene un presupuesto de 1300 millones de dólares. También está la construcción de la carretera Rurrenabaque-Riberalta que dispone de una inversión de 400 millones de dólares.
Campanini se refiere también a la “guerra económica” entre el gigante asiático y Estados Unidos. “China está desplazando a Estados Unidos de su influencia en Sudamérica”, puntualiza. Sostiene, además, que el país asiático ha conseguido establecerse e incidir en las nuevas condiciones geopolíticas regionales, logrando asumir un rol importante en la economía de varios países de América Latina.
