ONU examinará a las empresas chinas en derechos humanos (Servindi, 3.11.18)
Servindi, 3 de noviembre, 2018.- El 6 de noviembre la República Popular China será examinada por las Naciones Unidas en su desempeño sobre el respeto a los derechos humanos por parte de las empresas del gigante asiático en América Latina.
La evaluación corresponde al Tercer Ciclo del Examen Periódico Universal (EPU) que se realizará en Ginebra ante los miembros del Consejo de Derechos Humanos de la Organización de las Naciones Unidas (ONU).
En ese contexto, el Colectivo sobre Financiamiento e Inversiones Chinas, Derechos Humanos y Ambiente (CICDHA) considera al EPU una oportunidad para que China demuestre su compromiso con la gobernanza global y desarrolle mecanismos de debida diligencia en materia de derechos humanos.
A través del EPU la sociedad civil pide al gobierno chino rendir cuentas de los efectos de sus inversiones y de las acciones de sus empresas en el extranjero, acción que resulta necesaria ante la visible penetración de las inversiones chinas en territorios latinoamericanos que han producido impactos en los derechos humanos.
Cabe destacar que el CICDHA presentó ante la ONU el informe regional alternativo «Evaluación de las Obligaciones Extraterritoriales de la República Popular de China desde Sociedad Civil: Casos de Argentina, Bolivia, Brasil, Ecuador y Perú«, suscrito por 21 organizaciones sociales.
Dicho informe sumado a otras contribuciones de la sociedad civil, además del informe de la República Popular China y de una compilación de información del Sistema de Naciones Unidas, será uno de los insumos con los que se evaluará a China durante el Tercer Ciclo del EPU.
El CICDHA está integrado por el Centro de Derechos Económicos y Sociales – CDES (Ecuador), el Centro de Documentación e Información (Bolivia), la Fundación Ambiente y Recursos Naturales (Argentina), Proteja Amazonía (Brasil) y CooperAción (Perú).
Sofía Jarrín, investigadora y asesora en pueblos indígenas del Centro de Derechos Económicos y Sociales de Ecuador, sostiene que «existe una falencia sobre el efectivo control del comportamiento» de las múltiples empresas que tiene el Estado chino a nivel mundial.
Ante la carencia de mecanismos institucionalizados de queja directa el EPU se ha convertido en el canal para hacer llegar información y el Estado chino genere acciones para remediar los impactos sociales y ambientales” de sus empresas, apunta Jarrín.
Si bien «existen varios lineamientos socioambientales voluntarios que buscan regular la operación de sus empresas y entidades financieras» –afirma Sofía Jarrín– el EPU debe facilitar un diálogo entre la sociedad civil y la República Popular China.
De esa manera, el Estado chino pueda conocer las condiciones en las que operan sus empresas en otros territorios y considerar acciones de remediación, agregó.
Imagen: CICDHA
Javier Mujica abogado laboralista y director de Perú Equidad, sostiene que las expectativas que se tienen como colectivo respecto al EPU, es obtener el apoyo de los Estados parte del Consejo de Derechos Humanos, y que las recomendaciones a China contribuyan a frenar las violaciones a los derechos humanos que producen sus empresas.
“Una primera expectativa es que los Estados miembros del Consejo de Derechos Humanos, que son poco menos de 50 Estados, sean el eco de la denuncia que hemos hecho acerca de estos impactos en materia de derechos humanos, laborales y ambientales en cinco países de la región» dijo Mujica.
Esperamos, en segundo lugar, formulen recomendaciones al Estado chino para que adopte medidas que eviten que estas violaciones continúen ocurriendo y que sus empresas adopten protocolos de diligencia para evitar que este tipo de violaciones se repitan”.
Foto: OHCHR
