Previo al examen de China ante la ONU, cinco países llevan 18 casos de violación a DDHH (ANF, 11.10.18)

La Paz, 11 octubre (ANF).– La Federación Internacional de Derechos Humanos (FIDH) a través de sus organizaciones miembro y el Colectivo sobre Financiamiento e Inversiones Chinas, Derechos Humanos y Ambiente- CICDHA, presentaron este jueves en Ginebra el informe: «Impactos de empresas Chinas en los Derechos Humanos y el Ambiente en América Latina».

Durante la sesión paralela ante la Organización de Naciones Unidas rumbo al Examen Periódico Universal (EPU) de China que se realizará el próximo 6 de noviembre, representantes de organizaciones de la sociedad civil de Argentina, Bolivia, Perú, Brasil Ecuador presentaron 18 casos sobre proyectos, implementados por 15 consorcios chinos, formados por empresas privadas y/o estatales y por al menos seis bancos chinos en América Latina.

En el informe se revela que dichos proyectos ejecutados por empresas chinas y/o con financiamiento chino, siguen un patrón de violaciones de derechos humanos y ambientales cometidas por empresas chinas en Latinoamérica.

Las 21 organizaciones de los cinco países consolidaron ocho informes sobre 18 casos de los cuales, siete pertenecen a la industria minera, seis a la industria petrolera y cinco al sector hidroeléctrico.

De acuerdo a los casos debidamente documentados, las violaciones a los derechos humanos y ambientales no son incidentes aislados, y revelan un patrón recurrente de comportamiento marcado por una falta de respeto por los derechos fundamentales y los derechos económicos, sociales y culturales reconocidos internacionalmente, así como por la impunidad de estas violaciones.

“En particular, muestra que las empresas chinas se han involucrado de manera continua y deliberada en comportamientos que violan el derecho a la tierra, al territorio y a una vivienda adecuada; el derecho a vivir en un entorno saludable; el derecho a la libertad y la seguridad y los derechos de consulta y participación y que las autoridades chinas no han examinado con la debida diligencia los impactos de estos proyectos en derechos humanos”, señala el informe.

En representación de Bolivia, se hizo presente el investigador del Centro de Documentación e Información Bolivia (Cedib), Marco Antonio Gandarillas, quien presentó el caso de “Incumplimiento de las obligaciones extraterritoriales de la República Popular de China sobre los derechos de los pueblos indígenas Tacana y Toromona por la empresa National Petroleum Corporation (CNPC).

Como resultado de un trabajo documentado del Cedib  y la Central de Comunidades Indígenas Tacanas II Río Madre de Dios (CITRMD) se detalló el proceso de la  incursión de la china BGP al Bloque Nueva Esperanza en el norte amazónico, con actividades de exploración sísmica, que derivó en el contacto forzoso con un pueblo en aislamiento voluntario.

Por la rigurosidad que requiere el informe, el Cedib sólo llevó el caso que involucra a la china BGP y al pueblo en aislamiento voluntario sobre el que realizaron investigaciones específicas, y no así de otros tantos hechos de violación de DDHH protagonizados por empresas chinas en el territorio boliviano, que fueron reflejados en medios de comunicación nacionales y locales.

A la luz de los hallazgos del informe, la FIDH, sus ligas y el CICDHA instan al Gobierno chino a trabajar en cooperación con los organismos de derechos humanos e integrar los instrumentos de derechos humanos en sus políticas y proyectos de inversión en la región de ALC.

La FIDH y el CICDHA también piden al gobierno chino que ratifique el Convenio 169 de la Organización Internacional del Trabajo (OIT) sobre pueblos indígenas y tribales y que respete sus obligaciones extraterritoriales relacionadas con los derechos humanos y ambientales, pero también que renuncie a proyectos en territorios de pueblos indígenas en aislamiento voluntario y se comprometa a no participar en ninguno otro proyecto en esos territorios.

“Las autoridades chinas también deben realizar una evaluación comprehensiva y participativa de los proyectos donde intervienen bancos y empresas chinas en Argentina, Brazil, Bolivia, Ecuador y Perú en cuanto al cumplimiento de instrumentos internacionales de derechos humanos y de normas ambientales y suspender los proyectos que no cumplan con estas normas internacionales”, recomienda el informe.

En esa línea es que los interpelantes de China, esperan que la ONU realice las recomendaciones al gigante asiático, ya que su rol no le permite realizar acciones punitivas en contra del Estado que vulnere derechos a través de sus empresas estatales o privadas.

Los interpelantes de la sociedad civil de América Latina recordaron que, el gobierno chino no ha adoptado e implementado medidas efectivas para cumplir con las obligaciones extraterritoriales de China en virtud del Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales (PIDESC).

China reconoció internamente las obligaciones extraterritoriales de sus empresas, de respetar las leyes de los países anfitriones y las recomendaciones de las Naciones Unidas (ONU).

En un documento de la Comisión Nacional de Desarrollo y Reforma de la República Popular China (CNDR) y del Ministerio de Comercio en las Opiniones Guía para el Fortalecimiento de la Construcción de un Sistema de Crédito en el Campo de la Cooperación Económica en el Extranjero, se señala que las entidades y personas chinas que participan en cooperación económica en el extranjero deben respetar las leyes del país anfitrión, las resoluciones de la ONU, y proteger la buena imagen de China.

El 13 de junio de 2014, en sus Observaciones finales sobre la revisión del segundo informe periódico nacional de China en el marco del PIDESC, el Comité de Derechos Económicos, Sociales y Culturales (CESCR) hizo varias recomendaciones al gobierno chino.

Entre ellas se destacan, el adoptar un enfoque basado en los derechos humanos en el ámbito internacional de sus políticas de cooperación; implementar evaluaciones de impacto y mecanismos de monitoreo; establecer vías para informar y remediar las violaciones; y adoptar medidas legislativas y administrativas para garantizar la responsabilidad legal de las empresas y sus filiales que violan los derechos humanos de forma extraterritorial.

La FIDH y CICDHA piden a los estados miembros de las Naciones Unidas (ONU) que realicen un evaluación completa, detallada y profunda acerca de las obligaciones extraterritoriales de China durante el tercer Examen Periódico Universal (EPU) del próximo 6 de noviembre.

En particular, los estados miembros de la ONU deberían preguntar si China ha tomado medidas específicas para implementar las recomendaciones del CESCR, ya que el patrón de violaciones documentado por el informe FIDH / CICDHA presenta evidencia de que las violaciones persisten.