“El Estado chino tiene que responder por el comportamiento de sus empresas en nuestros países” (Gran Angular, Perú, 8.10.18)

Julia Cuadros, miembro del Consejo directivo de CooperAcción y especialista en minería y problemática ambiental en Perú, comenta cómo inciden las inversiones chinas en nuestro país y a nivel regional, y qué plantean desde las organizaciones no gubernamentales para solucionar las distintas problemáticas a partir de la débil fiscalización y legislación peruana.

Por Maga Zevallos

China se está consolidando con inversiones estratégicas en América Latina. ¿Qué representan esas inversiones a nivel del Perú y América Latina?

China ha crecido enormemente en América Latina en los últimos años con inversiones de gran envergadura, y se ha convertido en el principal socio comercial de muchísimos países como Brasil, Argentina, Perú, Ecuador, y ahora Colombia y Venezuela. Incluso, existen préstamos directos para inversiones a los gobiernos, que implica un endeudamiento bastante alto, pero también impica que las empresas chinas usufructúan esa inversión durante muchos años, 20, 30, 40 años, con concesiones o asociaciones público-privadas. Para el 2014, China invirtió 22 mil millones de dólares en América Latina, más de lo que el Banco Mundial y el Banco Interamericano de Desarrollo prestaron juntos ese mismo año. Sus inversiones siempre están dirigidas a sectores estratégicos. Por ejemplo, China tiene un alto déficit de alimentos, su población sigue creciendo y eso implica inversión para garantizar la seguridad alimentaria, por eso invierte en soya en Argentina y Brasil, pero también invierten en energía.

Sin embargo, hay un patrón de comportamiento de las empresas chinas, por ejemplo, la empresa Shougang en Perú vulnera derechos laborales de manera sistemática…

Lamentablemente las empresas que invierten en nuestros países, en la medida en que nuestras legislaciones nacionales y nuestros marcos institucionales sean débiles, se aprovechan de esa situación y violan derechos. El tema está en que la violación de derechos no es solo responsabilidad de quien viola directamente, sino también de los Estados a los que responden esas empresas. Es por eso que este año existe un mecanismo, que es el Examen Periódico Universal de Derechos Humanos, que lleva adelante el sistema de Naciones Unidas, donde los países, cada cuatro años y medio, pasan este examen y este año le toca a China. La reunión se va a llevar a cabo en Suiza el seis de noviembre, mientras que las reuniones con la sociedad civil se realizarán esta semana.

¿Qué tipo de inversión o préstamo está dando China, y bajo qué condiciones?

En el caso de Ecuador, los préstamos de China se hacen contra futura producción de petróleo: el 90% de estos préstamos están amarrados a la renta petrolera, es decir, que la renta que el Ecuador había estado utilizando para inversión social, va a ser usada para pagar estos créditos. En el caso de Perú, la situación es diferente, pues China, no hace préstamos significativos al gobierno peruano, hace inversión directa. Actualmente, el 32% de la cartera de proyectos mineros está en manos de China, de los cuales tres proyectos ya se encuentran en explotación, hay cuatro o cinco que están con el Estudio de Impacto Ambiental (EIA) aprobado para su exploración. Entre los principales proyectos que están operando están la mina Shougang Hierro Perú, el más antiguo y que explota en Marcona un yacimiento de hierro; luego está en Chinalco, en Morococha, que explota la mina Toromocho; luego está Las Bambas, en Apurímac, que es la última que empezó a producir en el año 2015; y finalmente un caso emblemático es la exploración del proyecto Río Blanco en Piura, que está en manos del consorcio estatal Zijin.

Mencionaste que los Estados pasarán por el Examen Periódico Universal, ¿qué Estados son los que pasan por esta evaluación?

Aquellos que han firmado los tratados internacionales de derechos humanos. La República Popular China ha firmado desde el año 2007 varios tratados internacionales, además de la carta de Naciones Unidas, el Pacto Internacional de Derechos Económicos y Sociales, el Pacto de Derechos Civiles y Políticos, y varios convenios de la OIT, entre ellos el 169 que es de Consulta previa, libre e informada. Con ello, los Estados obligan al cumplimiento de estos derechos, y según el Tratado de Maastrich también obligan su cumplimiento a sus empresas y sus intereses fuera del país, incluso a las privadas. Los Estados tienen una obligación que se denomina extraterritorial para que sus empresas no violenten derechos y el Estado chino tiene que responder por el comportamiento de sus empresas en nuestros países; en este caso por las empresas Shougang, Chinalco, Las Bambas- MMG (MinMetal Group), y Zijin. Si estas empresas violan derechos, entonces el Estado chino debería de tener mecanismos para controlar ese tipo de situaciones.

¿Qué tipos de violación de derechos humanos han cometido las empresas chinas en Perú?

En el informe nacional nosotros hemos presentado tres o cuatro tipos de violaciones: al derecho a la vida, a la libertad de asociación, a la libertad de tránsito, en general enmarcados dentro de lo que denominamos como la criminalización de la protesta. Además, existen convenios entre las empresas y la Policía Nacional del Perú para brindarles servicios de seguridad a las empresas, eso nos parece inadmisible, porque se supone que la fuerza pública lo que tiene que hacer es garantizar los derechos y proteger a los ciudadanos. Sin embargo, la legislación lo permite, en el caso de Las Bambas se produjeron cuatro muertes, tres en el 2015 producto de disparos de la Policía uno en el 2016. Tenemos dos muertes en el caso de Río Blanco. ¿Por qué no hay un comportamiento responsable? ¿Por qué el gobierno chino no dice nada, ni tiene mecanismos que impidan esos tipos de violaciones y protejan los derechos de los ciudadanos donde funcionan estas empresas mineras? Esa es la pregunta que le hacemos al gobierno chino en el informe que presentamos, y también queremos saber qué medidas van a tomar en los casos comprobados de violaciones. Tenemos muertos, heridos, personas denunciadas, investigadas, judicializadas, por centenares en estas operaciones. Sólo en el caso de Río Blanco han sido investigadas más de 300 personas, y en el caso de Las Bambas más de 120.

¿Y qué derechos han sido afectados a nivel de salud y medio ambiente? ¿Quiénes han sido los principales afectados?

Tenemos un segundo derecho violentado en todos los casos que es el derecho a la salud y al medio ambiente sano. En el caso de Morococha, la población de Antigua Morococha ha sido trasladada (reubicada) a un lugar que es absolutamente insalubre y tiene una humedad permanente. Las personas, sobre todo los niños y madres gestantes, están permanentemente enfermas por esa humedad: bronquios, resfríos, problemas respiratorios, etc. Además, se les ha reubicado en una zona donde puede haber un accidente ambiental en cualquier momento porque es una contención de relave artesanal y están en una zona sísmica. Y encima a estas poblaciones se les ha dejado sin condiciones para tener un movimiento económico que les permita vivir. En el caso de Shougang hay vulneración a los derechos laborales permanentemente, además hay un tema ambiental preocupante para la población, porque la empresa vierte sus residuos en el mar, a la fecha tiene 10 multas por parte del Organismo de Evaluación y Fiscalización Ambiental (OEFA).

En el caso de Las Bambas, la carretera de transporte minero que atraviesa 18 comunidades campesinas no tiene Estudio de Impacto Ambiental (EIA), una carretera que atraviesa cinco provincias, porque sale de Cotabambas-Apurímac y llega hasta Mollendo-Arequipa, pasando por Chumbivilcas y Espinar en Cusco. Cuando no hay EIA no se puede prevenir ni mitigar impactos. Diariamente circulan 370 camiones que levantan una polvareda que viene ocasionando enfermedades, pérdidas de animales y contaminación del agua y cultivos. Las poblaciones están cansadas y molestas con la empresa china MMG, Las Bambas.

¿Qué están demandando al gobierno chino como sociedad civil?

Queremos que el gobierno chino se ponga fuerte en vigilar a las empresas para que no cometan abusos, violaciones, y que las propias empresas cambien su comportamiento social y ambiental con los más altos estándares de calidad. Queremos que el gobierno actúe, sobre todo para que las poblaciones dejen de sufrir los impactos negativos de estas actividades. En el caso peruano las poblaciones dentro de las áreas de la influencia no están en contra de la actividad minera, pero no en esas condiciones, piden que se respeten sus derechos, su salud, medio ambiente y que no haya criminalización de la protesta.

¿Cuáles son las observaciones que le están haciendo al Estado Chino a nivel regional?

Nosotros, en el caso de América Latina, hemos presentado un informe regional alternativo y 5 informes nacionales. Son 15 casos por informe. Somos cinco países que hemos presentado informes tanto de casos nacionales como internacionales junto con la Federación Internacional de Derechos Humanos (FIDH) y nuestra Coalición por las Inversiones y el Financiamiento de China en América Latina. Con ellos hemos presentado un informe regional que lo que busca es identificar qué patrones existen y la recurrencia de los casos de violaciones de derechos.