Preocupa impacto ambiental de contratos de litio en Bolivia | Noticias Énfasis (26.02.25)
Ciudadanos y expertos advierten sobre el uso excesivo de agua y la falta de un plan de residuos
Los contratos firmados con empresas de Rusia y China para la explotación de litio en Bolivia han generado alarma entre ambientalistas y ciudadanos , quienes advierten sobre el impacto ambiental, especialmente por el uso excesivo de agua dulce y la falta de un plan adecuado para los residuos .
En Potosí, donde se encuentra el salar de Uyuni, la zona con la mayor reserva de litio del país, líderes ciudadanos se oponen a los proyectos, argumentando que las comunidades cercanas serán las más afectadas.
«Nos vamos a quedar sin agua, nadie nos ha consultado nada y somos los más afectados si estos proyectos no dan frutos» , expresó Alberto Pérez , presidente del Comité Cívico Potosinista (Comcipo) .
El experto en energía Héctor Córdova advirtió que los proyectos carecen de estudios sólidos sobre el impacto ambiental, mientras que Gonzalo Mondaca, del Centro de Documentación e Información Bolivia (Cedib), señaló que ningún contrato firmado ha incluido estudios ambientales previos, a pesar de que deben formar parte del proceso.
El Gobierno Boliviano firmó en 2023 y 2024 acuerdos con empresas chinas y rusas para la implementación de la tecnología de extracción directa de litio (EDL). Sin embargo, los contratos establecen un alto consumo de agua, con una demanda total de 6,9 millones de metros cúbicos anuales.
Otra gran preocupación es el destino de las salmueras residuales generadas por la explotación, ya que no hay un plan claro para su disposición. Mondaca advirtió sobre el riesgo de hundimientos en el salar y posibles afectaciones a la materia prima.
Por su parte, el ministro de Hidrocarburos, Alejandro Gallardo, aseguró que la producción de carbonato de litio se hará con un impacto ambiental mínimo, ya que el agua utilizada será reciclada y reinyectada en el proceso.
Mientras tanto, ciudadanos de Potosí y grupos ambientalistas se mantienen en estado de emergencia, a la espera de la decisión de la Asamblea Legislativa, que actualmente tiene los contratos en revisión.
