La crisis con indígenas se inició en Chaparina (25.9.17)
Desalojo de dirigentes no afines al Gobierno de las sedes de la Confederación de Pueblos Indígenas de Bolivia (Cidob) y del Consejo Nacional de Pueblos y Markas Quillasuyu (Conamaq), división de las organizaciones, el conflicto en Takovo Mora por la explotación hidrocarburífera y planes extractivistas en áreas protegidas que son resistidos, son algunos de los hechos que han vivido pueblos indígenas durante seis años desde la violenta intervención a la marcha por el Tipnis en Chaparina, Beni.
Ayer, en el aniversario de esa acción de represión policial, indígenas criticaron que el caso haya quedado en la impunidad y organismos que apoyan a estos movimientos dijeron que hay un retroceso en el respeto a los derechos de los pueblos.
El director del Cedib, Marco Gandarillas, dijo que en Bolivia no se respeta ni el más básico derecho de esta población que es el acceso a un territorio y el director de la Fundación Tierra, Gonzalo Colque, advirtió que los indígenas no exageran al denunciar que están en peligro de exterminio.
“Hay situaciones similares en las que el Estado deliberadamente conculca en el más básico derecho de los indígenas que es el derecho a tener un territorio en el que habiten para reproducir sus formas de vida tradicionales”, manifestó el director del Centro de Documentación e Información de Bolivia (Cedib), Marco Gandarillas.
El 25 de septiembre de 2011, efectivos policiales reprimieron violentamente a la marcha de los indígenas del Tipnis, quienes se dirigían hacia La Paz para exigir respeto a su territorio y que no se construya una carretera a través del mismo.
“Chaparina va a doler siempre, no sólo para quienes hemos sido golpeados, sino para aquellos hermanos que sufrieron, que lo sintieron, que lloraron, que jamás van a olvidar”, manifestó el exdirigente Fernando Vargas, en entrevista con radio Patujú de la Red Erbol.
Ayer, varios dirigentes indígenas recordaron esa fecha con un acto en el monumento erigido, en Trinidad, en homenaje a la marcha por el Tipnis de 2011. La dirigente de la Subcentral de Mujeres Indígenas de ese territorio, Marquesa Teco, cuestionó que hasta la fecha no existan detenidos por el caso Chaparina y que contrariamente se haya designado al entonces ministro de Gobierno, Sacha Llorenti, como embajador ante la ONU.
Coincidiendo con esa postura, Vargas señaló que al Ministerio Público no le interesa avanzar en este caso, porque responde al Gobierno. Lamentó que la justicia no sea independiente y que no se garantice un Estado de derecho en el que se respete la libertad de pensamiento y de expresión.
Para Gandarillas, Chaparina es el punto de inflexión para el despliegue de “una estrategia de control social represivo” que tuvo varios momentos de “mucha violencia”, como en el caso de Tacobo Mora, desalojos violentos de la sede de la Confederación de Pueblos Indígenas de Bolivia (Cidob) y del Consejo Nacional de Pueblos y Markas Quillasuyu (Conamaq).
Colque advierte sobre una actitud pasiva en la población ante este tipo de hechos que afectan a los pueblos indígenas y al país.
HOSTIGAMIENTO A ORGANISMOS
Según el director del Centro de Documentación e Información de Bolivia (Cedib), Marco Gandarillas, existe un “hostigamiento” de parte del Gobierno hacia los organismos que apoyan a los pueblos indígenas.
En sus últimas intervenciones, sólo en el caso del Tipnis, el Gobierno arremetió contra algunas ONG advirtiendo que lucran con las denuncias de los pueblos indígenas.
Sin embargo, para Gandarillas existe una persecución de dirigentes indígenas que piensan distinto al Gobierno. “Ha habido una acción deliberada del Gobierno de daño a las estructuras del movimiento indígena independiente”, dijo.
El director de la Fundación Tierra, Gonzalo Colque, en su artículo titulado, “Tipnis bajo asedio”, las presiones sobre el Tipnis son abrumadoras e imparables. “Los indígenas no exageran para nada al denunciar que están en peligro de extinción y etnocidio a nombre del desarrollo y el progreso”.
