Siles pide al CEDIB someterse a la ley 351 y este le responde que su caso está en la CIDH (ANF, 3.6.17)
El CEDIB, institución de la sociedad civil dedicada a la investigación y a la defensa de los derechos humanos, también declarado Patrimonio Documental de Cochabamba fue desalojado por órdenes del rector de la UMSS, Juan Ríos.
La Paz, 3 junio (ANF).- El viceministro de Autonomías, Hugo Siles convocó al Centro de Documentación e Información Bolivia (CEDIB) a someterse a la Ley 351 de Otorgación de Personería Jurídica de 2013, para reencausar su trámite de caducidad. La entidad civil declarada Patrimonio Documental de Cochabamba le respondió que no se supeditará a una norma violatoria de sus derechos y que su caso está en la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH).
“Como Viceministerio esperamos que el CEDIB venga, continúe el trámite para adecuarse a la Ley 351, esa es nuestra responsabilidad (…). Imagino que este espacio tan prolongado (…). Mire, yo calculo que entre el 3 de febrero de 2014 y el 3 de julio de 2015 que abandonaron su trámite, estaban esperando el fallo del Tribunal Constitucional al recurso que interpuso el exDefensor contra la Ley 351 y salió el fallo favorable al Ministerio y eso se respeta”, aseveró a ANF.
El 4 de julio de 2016, el TCP hizo conocer el fallo emitido el 15 de diciembre de 2015 a la acción abstracta de inconstitucionalidad presentada por el exDefensor del Pueblo, Rolando Villena en contra de varios artículos de la norma y el decreto 1597, que obliga a las Organizaciones No Gubernamentales (ONG), fundaciones y entidades sin fines de lucro a alinearse a las políticas de desarrollo del Gobierno, y establece la revocatoria de la personalidad jurídica al “incumplimiento a las políticas y/o normas sectoriales”.
El TCP le dio la razón al Gobierno y no consideró las observaciones del Relator Especial de la Naciones Unidas, Maina Kiai, cuando dijo que la Ley 351 y su decreto reglamentario restringen las actividades de las ONG y las pone en riesgo de cierre en Bolivia, como «un ataque al fundamento mismo del derecho a la libertad de asociación, y que la ley parece dirigida a obstruir el trabajo de las asociaciones que no apoyan la plataforma de desarrollo social y económico del Gobierno”.
Sin embargo, Siles aseguró que desde el Gobierno se respeta el disenso. “Somos un Estado constituido, somos un Estado soberano y las leyes que emanan de nuestra Constitución y nuestras instituciones son las que se deben reconocer. Si alguna institución externa nos dice, nos califica, respetamos la opinión, pero no la compartimos. Los fallos los respetamos y acatamos”, aseguró.
El CEDIB según los registros del Viceministro de Autonomías tiene domicilio en la calle Calama de la ciudad de Cochabamba reconocido por la Prefectura el año 1992. Sin embargo, Siles dijo desconocer que el centro también Patrimonio Documental haya sido desalojado por órdenes del rectorado de la Universidad Mayor de San Simón (UMSS), afín al Gobierno.
“Debe ser de orden privado su desalojo, pero a través de su intermedio le pedimos por favor que se notifiquen porque desde el 11 de abril de 2017 los estamos esperando para que podamos continuar con el trámite que caducó, pero que el Viceministerio tiene la disposición de coadyuvar en que resuelvan su situación”, aseguró.
«Se agotó la vía interna y fuimos a la CIDH»
El director del CEDIB, Marco Antonio Gandarillas aseguró que el centro continúa el trámite formal y va un año desde la última notificación. “Sin embargo la ley es clara en ese sentido, seguimos el trámite sin someternos a una ley que viola nuestros derechos de organizarnos independientemente del Estado”, manifestó a este medio.
Gandarillas recordó que el CEDIB junto a la Asamblea Permanente de Derechos Humanos de Bolivia (APDHB), el Centro de Estudios Jurídicos e Investigación Social (CEJIS) y el Centro de Estudios para el Desarrollo Laboral y Agrario (CEDLA), todas entidades altamente reconocidas por su contribución investigativa y de defensa de derechos humanos, presentó una acción de medidas cautelares contra la Ley 351 y su reglamento ante la CIDH.
“La acción internacional es perfectamente válida pues como el mismo Viceministro afirma, se ha agotado la vía interna después de la sentencia del Tribunal Constitucional. En materia de derechos humanos -que es el caso- nos queda acudir a la vía externa. Lo que pasó con la UMSS muestra lo aberrante de esta norma”, aseguró.
El investigador mencionó que en pleno conflicto con la UMSS, incluso se intentó revertir la personalidad jurídica del CEDIB, por supuestas causales de utilidad pública. “Hablaron de nacionalizar el CEDIB”, dijo en alusión a las amenazas escritas que salieron desde la dirigencia estudiantil de la UMSS en coordinación con el Rectorado.
“Esa ley, la 351, restringe de modo desproporcionada e injustificada la libre asociación. La sociedad civil está expuesta a arbitrariedades de cualquier autoridad, incluso aquellas a las que debe fiscalizar”, expresó.
Recordó que a pesar de las denuncias públicas y expresas vía notas, ni la Defensoría del Pueblo de Cochabamba, ni el defensor , David Tezanos hicieron nada por evitar la vulneración de los derechos del personal del CEDIB, que fue advertida también mediante carta por Amnistía Internacional a través de un llamado de acción urgente.
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