Marco Gandarillas: «En el MAS hay grupos que buscan nuestro silenciamiento» (El Día, 10.4.17)

En pleno centro  de Cochabamba, a escasos metros de la plaza 14 de Septiembre, 16 jóvenes, entre investigadores, documentalistas y comunicadores, ponen diariamente su sello propio a uno de los mayores repositorios documentales y bibliográficos del país. Se trata del Centro de Documentación e Información Bolivia (Cedib).

Una amenaza de desalojo propiciado por Juan Ríos, rector de la Universidad Mayor de San Simón (UMSS), ha puesto en ‘niveles de indefensión inaceptables’ a este patrimonio documental, tanto así que, durante los últimos días, se ha movilizado vía redes sociales y cartas, a más de cien intelectuales en apoyo y defensa del Cedib. El director de la institución Marco Gandarillas habla del tema.

P. ¿Cómo podemos definir al Cedib en este momento?
M.G.: Como una organización de derechos humanos amenazada por cumplir su misión en beneficio de sectores afectados por políticas extractivistas del país.

P.¿Nos puede recapitular en síntesis esos años de historia?
M.G.: Son varias décadas, en cada momento esta institución estuvo del lado de los sectores populares. En estos años de vida el Cedib ha sido un referente en la defensa de derechos humanos (entre otros del derecho a la información) y de debate público. En la actualidad es un centro de investigación muy prestigioso que alberga un fondo documental patrimonial.

P. ¿Quiénes manejan y cómo se sustenta el Cedib?
M.G.: El Cedib es una asociación civil sin fines de lucro, su máxima instancia de toma de decisiones es una asamblea de asociados compuesta por personalidades de renombre; en el plano operativo, un directorio acompaña al director ejecutivo y al equipo de trabajadores. Además desarrolla actividades de autofinanciación, a través de la venta de servicios y publicaciones y mediante proyectos de cooperación internacional.

P. ¿Cuál es el patrimonio del Cedib en términos de archivo, documentos y bibliografía?
M.G.: Es un fondo documental inmenso compuesto por más de 11 millones de registros de lo que se publicó en la prensa escrita en los últimos 50 años de historia nacional. Tiene una serie de colecciones únicas, un inmenso y actualizado fondo bibliográfico y otras publicaciones.

P. ¿Este es el momento más difícil que están viviendo?
M.G.: Sin duda. Debido a que las amenazas provienen de personas propensas a la violencia. La amenaza además de comprometer la seguridad y vida del equipo del Cedib se dirige a arrebatarnos el fondo documental patrimonial.

P. ¿A qué atribuye esa amenaza de desalojo?
M.G.: Al alineamiento político del rector de la UMSS con el Movimiento Al Socialismo (MAS). Dentro del MAS hay grupos que buscan nuestro silenciamiento, precisamente por nuestra crítica a sus políticas extractivistas que vienen sosteniendo a lo largo de 11 años de gobierno. El rector se ha convertido  como un operador del MAS, dado que tiene el apoyo de importantes autoridades y dirigentes políticos.

P. ¿Ustedes recibieron ese ultimátum de desalojo por escrito o por otras fuentes?
M.G.: Por escrito y en dos oportunidades. El primero fue el 21  de marzo cuando nos dan 48 horas  de plazo para que desocupemos los predios que son de la UMSS. El segundo ultimátum nos envió el rector Juan Ríos, el 31 de marzo, en el mismo nos ratifican 48 horas de plazo y nos advierten que si no hacemos caso de ello, con el envío de la fuerza pública.

P. ¿Qué intereses hay detrás de todo esto?
M.G.: Lo que queda claro es que no son intereses académicos los que mueven al rector de la UMSS al tratar de desalojarnos por la fuerza. El rector ha incitado, a través de la televisión a los dirigentes universitarios a tratar de tomar el Cedib.

P. ¿Qué acciones de defensa van a tomar frente a la amenaza?
M.G.: En primer lugar vamos a resguardar nuestra seguridad y la del fondo patrimonial. Queremos que entienda el país, se trata de un fondo gigantesco, de alto valor pero además muy frágil, al que un traslado haría mucho daño.

Los miles de usuarios, entre otros, los académicos, estudiantes, docentes, tesistas e investigadores que acuden a nuestro centro en busca de información son los que más perderían de haber un desalojo.

«Hemos solicitado resolver la situación por la vía del diálogo e, incluso, hemos asistido a dos reuniones pero el rector se ha negado a recibirnos. La situación ha llegado a poner al patrimonio documental y a nuestro personal en niveles inaceptables de indefensión»