A días de vencer el plazo para cumplir el Decreto Supremo 28701, el gobierno enfrenta dificultades para lograr la nacionalización de los hidrocarburos, especialmente la obtención del 50% más 1 de las acciones en las empresas capitalizadas y la refundación de YPFB.
Los retrasos en los objetivos propuestos, como la migración de contratos y el fortalecimiento estatal en el sector energético, están marcados por la resistencia de las transnacionales y la renuncia de figuras clave como el Presidente de YPFB y el Ministro Soliz Rada. Pese a las dificultades, los movimientos sociales siguen apoyando el proceso, aunque la falta de movilización y presión ha contribuido a los retrasos, lo que pone en riesgo el cumplimiento de los objetivos del gobierno.
En este contexto, la ampliación de plazos parece ser la única opción, pero el desafío sigue siendo garantizar la profundización de la nacionalización y la recuperación de los recursos naturales para fortalecer la soberanía nacional. Es fundamental que las organizaciones sociales, que históricamente lucharon por la nacionalización, retomen su papel de guardianes de este proceso para asegurar su éxito y expandirlo hacia otros sectores como la minería y los recursos forestales.
